Un sheriff de Boston fue arrestado tras ser acusado de extorsionar a una empresa de cannabis

“Lo que el sheriff vio como una manera fácil de ganar dinero rápido a escondidas es corrupción evidente según la ley federal”. Con esta afirmación, el agente especial Ted E. Docks, responsable de la División de Boston del FBI, sintetizó la gravedad de los hechos que han llevado a la detención de Steven Tompkins, sheriff del condado de Suffolk, en el estado de Florida.

La acusación, presentada por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, sostiene que Tompkins habría utilizado su posición para extorsionar a una empresa de cannabis con sede en Boston, exigiendo un acuerdo de inversión secreto por 50.000 dólares.

El caso, que ha sacudido a la administración pública de Massachusetts, se remonta a 2019, cuando una empresa de cannabis buscaba abrir una tienda en Boston.

Tompkins presionó a la compañía para que le vendiera acciones antes de que salieran a la bolsa

Según la acusación federal, la compañía necesitaba la colaboración del Departamento del Sheriff del Condado de Suffolk, ya que la Comisión de Control del Cannabis de Massachusetts exigía que los negocios de este sector emplearan a exreclusos como parte de los requisitos para obtener la licencia estatal.

El departamento dirigido por Tompkins facilitaba la derivación de graduados de su programa de reinserción laboral para que solicitaran empleo en la tienda, lo que otorgaba al sheriff una influencia directa sobre el proceso de licenciamiento.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por la fiscalía, Tompkins presionó a un ejecutivo de la empresa, identificado únicamente como “Individuo A”, para que le vendiera acciones antes de la salida a bolsa (IPO) de la compañía, recordándole que su apoyo había sido clave para la obtención de la licencia y que seguiría siendo necesario para futuras renovaciones.

El sheriff entregó miles de dólares para adquirir miles de acciones a un precio bajo

En noviembre de 2020, Tompkins entregó 50.000 dólares para adquirir 14.417 acciones a un precio de 1.73 dólares por acción. Cuando la empresa debutó en bolsa en 2021, el valor de las acciones ascendió a 9.60 dólares por acción, lo que elevó la inversión inicial del sheriff a 138.403 dólares.

No obstante, la situación cambió drásticamente en mayo de 2022, cuando el precio de las acciones cayó y la inversión de Tompkins pasó a valer “varios miles de dólares menos que los 50.000 dólares que invirtió originalmente”, según la fiscalía.

Ante esta pérdida, Tompkins exigió la devolución íntegra de su dinero

El ejecutivo, temiendo represalias que pudieran afectar la continuidad de la relación con el departamento del sheriff y, por ende, la viabilidad de la empresa, accedió a reembolsar la suma solicitada.

Los pagos se realizaron en cinco cheques entre mayo de 2022 y julio de 2023, algunos de ellos etiquetados como “pago de préstamo” o “gastos de la empresa” para ocultar el verdadero motivo de la transacción, según la acusación. La fiscal federal Leah B. Foley subrayó la importancia de la integridad en el ejercicio de cargos públicos: “Se espera que los funcionarios electos, en particular los encargados de hacer cumplir la ley, sean éticos, honestos y respetuosos de la ley, y no egoístas”.

Foley añadió que las acciones atribuidas a Tompkins constituyen una afrenta a los votantes y contribuyentes que depositaron su confianza en él, así como a los numerosos servidores públicos honestos del Departamento del Sheriff del Condado de Suffolk. La fiscalía remarcó que el caso refleja el compromiso de su oficina en la lucha contra la corrupción pública.

El historial de Tompkins, quien ha dirigido el Departamento del Sheriff del Condado de Suffolk desde 2013 y supervisa a cerca de 1.000 empleados en instalaciones como la Casa de Correcciones y la Cárcel de la Calle Nashua, ya había estado bajo escrutinio. En marzo de 2023, pagó una multa de 12.300 dólares por crear un empleo estatal para su sobrina y por utilizar a empleados para realizar recados personales. En 2015, también abonó 2.500 dólares tras solicitar a propietarios de tiendas que retiraran carteles de campaña de un oponente electoral.

El caso ha generado reacciones en distintos niveles del gobierno local

El proceso judicial contra Tompkins incluye dos cargos de extorsión bajo color de derecho oficial. Si resulta condenado, podría enfrentar hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares, según la fiscalía de Estados Unidos. El sheriff comparecerá primero ante un tribunal en Florida antes de ser trasladado a Boston para responder a los cargos.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, declaró: “Obviamente, todos los funcionarios públicos estamos sujetos a estándares muy altos, y cuando algún agente del orden público tiene alguna infracción de la ley, se trata de una acusación muy grave”.

Por su parte, la Fiscalía del Condado de Suffolk y el Departamento del Sheriff del Condado de Suffolk declinaron hacer comentarios al ser contactados por medios como ABC News y WBZ-TV.

El abogado de Tompkins no respondió a las solicitudes de declaraciones. Brian Kelly, exjefe de la unidad de corrupción pública de la Fiscalía Federal de Boston, señaló que el sheriff enfrenta una defensa compleja: “Estoy seguro de que tendrá algún tipo de defensa o explicación de por qué no estaba extorsionando a una empresa, que es básicamente la acusación, extorsionar a una empresa para su propio beneficio. Y si eso es lo que demuestran los hechos, tiene un problema”.