En una nueva escalada de medidas vinculadas a la crisis de vivienda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que otorga a los gobiernos locales la facultad de remover personas sin hogar de las calles e internarlas sin su consentimiento en centros de tratamiento, en caso de que padezcan enfermedades mentales o representen un peligro para los demás.
La disposición, que marca un giro en la política federal sobre el manejo de la indigencia, señala que la seguridad pública es el eje central del nuevo enfoque de la administración. En el texto, Trump afirma que “el traslado de las personas sin hogar a instituciones de larga estancia para que reciban un trato humano mediante el uso adecuado del internamiento civil restablecerá el orden público”.
La orden solicita a la fiscal general, Pam Bondi, iniciar acciones legales para revertir los decretos judiciales y fallos que restringen la autoridad de los gobiernos locales y estatales para ejecutar este tipo de traslados. También le ordena brindar apoyo jurídico a aquellos gobiernos que implementen internamientos civiles bajo el argumento de que algunas personas no pueden cuidar de sí mismas.
Además, la normativa obliga a los departamentos de Justicia, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Transporte a priorizar las subvenciones federales hacia aquellas jurisdicciones que hagan cumplir de forma estricta las prohibiciones contra el consumo abierto de drogas ilícitas, el merodeo y el acampe en espacios urbanos.
Esta acción ejecutiva sigue la línea de una medida previa adoptada en marzo, en la que Trump ordenó al Servicio de Parques Nacionales desmantelar campamentos de personas sin techo en terrenos federales y eliminar grafitis. Según datos citados por la Casa Blanca, durante una sola noche de 2024 se registraron 274.224 personas viviendo en las calles de Estados Unidos, la cifra más alta desde que existen registros.
La Casa Blanca enmarca la decisión como parte de una estrategia nacional para combatir la creciente visibilidad del fenómeno de la indigencia, especialmente en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Nueva York. La orden no menciona mecanismos de revisión judicial ni garantías legales para quienes sean removidos de los espacios públicos, lo que ha suscitado preocupaciones entre organizaciones de derechos civiles.
Diversos grupos de defensa de las personas sin hogar y expertos en salud mental ya anticiparon posibles desafíos legales. Argumentan que la medida contradice principios básicos del derecho al debido proceso y podría criminalizar aún más la pobreza. Críticos sostienen que el enfoque es punitivo y no aborda las causas estructurales de la crisis habitacional ni ofrece alternativas sostenibles.
El presidente, sin embargo, insiste en que se trata de una cuestión de orden y de seguridad, en línea con su narrativa electoral centrada en la restauración del control sobre el espacio público. La medida podría reforzar su imagen ante sectores conservadores preocupados por el deterioro del entorno urbano, pero al mismo tiempo generar tensiones con sectores progresistas y con los gobiernos locales que hasta ahora han adoptado estrategias más integrales para enfrentar el problema.
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