El IRS pide que los líderes religiosos puedan apoyar candidatos desde el púlpito sin perder beneficios fiscales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) solicitó a un tribunal federal en Texas que se establezca una excepción legal para los líderes religiosos que expresen respaldo político desde el púlpito. La petición busca impedir que se aplique la Enmienda Johnson —una disposición de 1954 que prohíbe a organizaciones exentas de impuestos hacer campañas a favor o en contra de candidatos políticos— a los sermones y mensajes religiosos emitidos durante los servicios litúrgicos.

En un escrito judicial conjunto presentado esta semana, el IRS y una coalición de medios cristianos y grupos religiosos argumentaron que los discursos políticos expresados en contextos religiosos tradicionales no deberían amenazar el estatus fiscal de las iglesias. La presentación forma parte de un litigio abierto desde agosto de 2023, encabezado por la National Religious Broadcasters Association (NRB), una organización evangélica de medios, junto con varios líderes religiosos.

La solicitud pide al tribunal que determine que la Enmienda Johnson “no se aplica a las comunicaciones desde un lugar de culto a su congregación, durante servicios religiosos, y a través de sus canales habituales de comunicación, sobre cuestiones de fe”. Esta interpretación podría sentar un precedente para permitir declaraciones partidistas desde los púlpitos sin implicaciones legales o fiscales.

El IRS no quiere aplicar la Enmienda Johnson en los púlpitos, pero busca respaldo judicial para hacerlo oficial

Aunque históricamente el IRS ha evitado aplicar la Enmienda Johnson a los sermones, su lenguaje ha seguido siendo motivo de preocupación para organizaciones religiosas, que la consideran una amenaza latente a la libertad de expresión. El documento judicial representa la primera vez que el propio organismo fiscal solicita abiertamente que se limite formalmente el alcance de la norma en el ámbito religioso.

La NRB y los otros demandantes sostienen que la ley infringe la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, en particular los derechos a la libertad de expresión y al libre ejercicio de la religión. Su demanda plantea que no es constitucional que el gobierno condicione la exención fiscal al silencio político de los líderes religiosos dentro de sus prácticas devocionales.

En este contexto, la postura del IRS no busca desafiar directamente la constitucionalidad de la Enmienda, sino redefinir su aplicación. Para ello, los demandantes y el organismo federal han optado por una solución concertada: resolver el litigio con una interpretación legal más estrecha, que permita la libre expresión política dentro de los servicios religiosos, pero mantenga vigentes otras restricciones de la norma para organizaciones sin fines de lucro en general.

La Enmienda Johnson, un punto de fricción histórico entre iglesias y el gobierno federal desde 1954

La Enmienda Johnson fue incorporada al código fiscal en 1954 por el entonces senador Lyndon B. Johnson. Su texto prohíbe que las organizaciones que gozan de exención fiscal —incluidas las iglesias— participen en campañas políticas, ya sea respaldando o criticando explícitamente a candidatos. Aunque no se ha aplicado con frecuencia, ha sido usada en ocasiones para investigar actividades políticas de ciertas entidades religiosas.

A pesar de su escasa aplicación, muchas comunidades de fe la perciben como un instrumento coercitivo que puede ser activado en cualquier momento por razones políticas. Por ello, múltiples grupos religiosos han pedido durante años que se derogue o se modifique.

Durante décadas, el IRS ha evitado intervenir en sermones o actividades dentro de servicios religiosos, en parte por la sensibilidad del tema, pero también por el complicado equilibrio entre la neutralidad fiscal y la libertad religiosa. Sin embargo, sin una definición judicial clara, el riesgo de sanciones ha persistido como una amenaza interpretativa.

Donald Trump prometió eliminar la Enmienda Johnson y firmó una orden ejecutiva para ignorarla

El presidente Donald Trump hizo de la Enmienda Johnson uno de sus objetivos durante su campaña presidencial. En 2017, firmó una orden ejecutiva que instruía al Departamento del Tesoro a no hacerla cumplir. “Voy a deshacerme y destruir completamente la Enmienda Johnson”, dijo Trump en el Desayuno Nacional de Oración de ese año. “Permitiré que nuestros representantes de la fe hablen libremente y sin temor a represalias”.

Aunque su orden ejecutiva no eliminó formalmente la enmienda —una acción que solo puede tomar el Congreso— sí marcó un cambio en la actitud del poder ejecutivo frente al tema. Desde entonces, líderes religiosos han incrementado su presión para conseguir una reforma legislativa definitiva.

Este año, legisladores republicanos presentaron nuevamente una iniciativa para derogar por completo la Enmienda Johnson, lo que indica que el tema sigue activo en el debate político estadounidense. La acción judicial en Texas representa, por tanto, una vía paralela que podría lograr el mismo efecto mediante interpretación judicial sin pasar por el Congreso.

Una redefinición judicial podría cambiar la relación entre religión, política y exención fiscal

Si el tribunal acepta la petición conjunta del IRS y los demandantes, se establecería una exención significativa para expresiones políticas realizadas dentro de contextos religiosos. Esto tendría implicaciones directas sobre la separación entre Iglesia y Estado, así como sobre el papel político de las comunidades de fe.

La presentación legal no aclara si el criterio se aplicaría únicamente a mensajes dirigidos a la congregación durante servicios religiosos, o si también podría extenderse a transmisiones por radio, televisión o internet, siempre que sean parte de los “canales usuales de comunicación” de la iglesia.

El caso, aún pendiente de resolución, podría representar uno de los cambios más relevantes en la interpretación de la Enmienda Johnson desde su creación. Las consecuencias dependerán de cómo el tribunal delimite lo que constituye expresión religiosa protegida y lo que se considera participación política prohibida.