Video muestra arresto con gas lacrimógeno de un hombre en Los Ángeles mientras sus hijos estaban en el auto

Los vecinos de Boyle Heights denunciaron el uso de fuerza desmedida por parte de agentes federales durante la detención de un hombre en un operativo que involucró gas lacrimógeno, proyectiles no letales y vehículos sin distintivos. El incidente ocurrió el miércoles por la mañana, alrededor de las 10:47 a.m., en la intersección de Whittier Boulevard y Calzona Street, una zona comercial del este de Los Ángeles.

En el lugar, dos camionetas grises sin marcas oficiales bloquearon el paso de un sedán blanco. De ellas descendieron entre tres y cuatro hombres con chalecos que aparentaban ser de cuerpos de seguridad. Los agentes ordenaron al conductor que saliera del vehículo, y al no obtener respuesta, dispararon proyectiles y aparentemente liberaron gas lacrimógeno en el interior del automóvil, donde se encontraban una mujer, un niño pequeño y un recién nacido.

El conductor, posteriormente identificado como Christian Damián Cerno Camacho, salió del auto con las manos en alto, se rindió sin oponer resistencia y fue detenido. En videos grabados por testigos, se observa a la mujer cargando a uno de los menores mientras camina hacia una tienda cercana, visiblemente alterada. En otro video, difundido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en su cuenta oficial de X, se escucha al detenido advertir a los agentes que sus hijos se encontraban dentro del automóvil.

El detenido era buscado por un incidente en una protesta contra ICE ocurrida días antes en Paramount

Según información proporcionada por la familia del detenido, Christian Cerno Camacho estaba siendo buscado por su presunta participación en una protesta contra ICE realizada en Paramount durante el fin de semana previo. La versión oficial fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que indicó que se trató de una “detención dirigida” contra un “alborotador violento” acusado de haber agredido a un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En un comunicado divulgado en redes sociales, el DHS detalló que los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional intentaron arrestar a Camacho por el supuesto ataque, pero que éste “intentó huir”, lo que llevó a su captura bajo custodia federal. En ese mismo texto, el organismo federal defendió la acción de sus agentes señalando que han enfrentado un aumento del 413% en agresiones contra personal en cumplimiento de sus funciones.

“El mensaje de la secretaria Noem a los alborotadores de Los Ángeles es claro: no nos van a detener ni ralentizar. ICE y nuestras agencias federales continuarán haciendo cumplir la ley. Y si alguien pone una mano sobre un oficial, será procesado con todo el peso de la ley”, indicó el DHS en su publicación.

La comunidad de Boyle Heights denuncia brutalidad, exige pruebas y cuestiona la legalidad del operativo

Horas después del operativo, diversos miembros de la comunidad se congregaron para denunciar lo ocurrido. Durante una conferencia de prensa espontánea, exigieron transparencia sobre el arresto de Camacho y reclamaron la entrega de pruebas sobre la supuesta agresión contra el agente federal. Uno de los presentes, Santiago Domínguez, declaró: “Lo que vi fueron dos camionetas bloqueando un coche, lanzando gas lacrimógeno, y había bebés en el vehículo. Es inaceptable”.

Navia Topete, otra residente, afirmó que al solicitar la identificación de los agentes, éstos se rieron en su cara. “Lo que estamos presenciando es una violación total del Estado de derecho. Los oficiales de ICE están haciendo lo que quieren y están dañando a nuestra comunidad”, expresó.

Las imágenes grabadas por testigos, así como la indignación generalizada, alimentaron las críticas hacia los métodos de las agencias federales, especialmente por haber expuesto a menores de edad al gas utilizado durante el arresto. Las organizaciones comunitarias locales exigieron que cesen las redadas en barrios residenciales y que los operativos se conduzcan con protocolos que garanticen la seguridad de todos los civiles presentes.

El abogado del detenido anticipa una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos

Durante la misma jornada, el abogado Christian Contreras anunció que emprenderá acciones legales contra el gobierno federal por la manera en que se ejecutó el arresto. Según indicó, las justificaciones ofrecidas por las autoridades deben ser evaluadas en un tribunal.

“Este gobierno desplegó tropas en su propio territorio, y eso hace que no pueda ser confiable. No podemos depender de su versión. Mientras no se presenten pruebas claras, debemos mirar esto con escepticismo”, dijo Contreras frente a las cámaras. Añadió que hasta el momento no han sido divulgados detalles sobre los cargos concretos contra su cliente, salvo referencias vagas a daños a propiedad federal y evasión.

FOX 11 informó que en reportes iniciales se había sugerido que el hecho estaba relacionado con un caso de atropello y fuga, pero el DHS desmintió esa versión al afirmar que no hubo tal incidente y que el objetivo del operativo era únicamente la captura del sospechoso por su participación en la protesta.

ICE publica video del arresto y confirma existencia de orden activa contra Camacho, pero sin detallar los cargos

La cuenta oficial de ICE en X publicó un fragmento del operativo, incluyendo el momento en que Camacho se rinde y menciona la presencia de sus hijos. En esa publicación se afirmó que el hombre tenía una orden activa y enfrentaba cargos por evasión y daño a propiedad federal. Sin embargo, no se especificaron ni los detalles del expediente ni si ha sido formalmente acusado ante una corte.

Hasta el momento, las autoridades no han hecho pública ninguna evidencia sobre la supuesta agresión contra el agente de CBP ni han confirmado si los agentes que participaron en el arresto portaban cámaras corporales.

El caso ha reactivado las tensiones entre comunidades migrantes del sur de California y las agencias federales de seguridad. En un contexto de creciente vigilancia y operativos visibles, organizaciones civiles insisten en que se revisen los protocolos de intervención y que se impida poner en riesgo a menores durante acciones de arresto.