El gobierno de Trump desplegará 2000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles en medio de las protestas contra los operativos migratorios

El Gobierno de Donald Trump anunció este sábado que desplegará 2000 efectivos de la Guardia Nacional en el condado de Los Ángeles a medida que continúan intensificándose las protestas contra los operativos inmigratorios del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas). La noticia llegó después de que, en la última jornada, se registraran enfrentamientos violentos por segundo día consecutivo.

“El presidente Trump firmó un memorando presidencial para el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional para controlar la anarquía que dejaron arraigarse”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Por su parte, el zar de la frontera, Tom Homan, comentó en diálogo con la cadena Fox News: “Estamos haciendo que Los Ángeles sea más seguro. La alcaldesa Bass debería agradecérnoslo. Ella dice que van a movilizarse, ¿adivinen qué? Nosotros ya nos estamos movilizando. Vamos a traer a la Guardia Nacional esta noche y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Se trata de hacer cumplir la ley“.

“Pueblo estadounidense, se trata de hacer cumplir la ley y, una vez más, no vamos a disculparnos por hacerlo”, sumó, haciendo así caso omiso a las críticas que la medida pudiera suscitar.

En paralelo, Donald Trump advirtió en su cuenta de Truth Social que “si el gobernador Gavin Newscum, de California, y la alcaldesa Karen Bass, de Los Ángeles, no pueden hacer su trabajo, lo cual todo el mundo sabe que no pueden, entonces el Gobierno Federal intervendrá y resolverá el problema (de) DISTURBIOS Y SAQUEOS, como debe resolverse!!!“.

En tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sumó “un mensaje para los alborotadores de Los Ángeles: no nos detendrán ni nos frenarán. @Icegov seguirá haciendo cumplir la ley. Y si le ponen la mano encima a un agente del orden, serán procesados con todo el peso de la ley”.

Las tensiones aumentaron notablemente este sábado, cuando las autoridades inmigratorias de Estados Unidos ampliaron las redadas, especialmente en la zona de Paramount, al sureste de Los Ángeles, por segundo día consecutivo.

Durante la mañana, decenas de agentes, algunos con equipo táctico del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), allanaron una empresa en Paramount y, según reportaron activistas presentes, al menos 65 trabajadores fueron arrestados en el operativo.

Sin embargo, las maniobras se encontraron con una resistencia significativa por parte de los manifestantes, que se quejaban de que a los detenidos se les negaba la comunicación con abogados, y protestaban en general en contra de las acciones del ICE.

De hecho, las consignas de “fuera ICE” se repetían de manera constante.

En consecuencia, el grupo se reunió frente a un parque industrial en señal de protesta y bloqueó la salida de los vehículos federales, lo que derivó en choques con las autoridades que, por más de dos horas, usaron gases lacrimógenos para repelerlos.

Asimismo, para sortear esta situación, los funcionarios no se limitaron a tácticas convencionales y recurrieron a estrategias de tipo militar para dispersar a los manifestantes y así poder trasladar a los detenidos en más de dos docenas de camionetas de CBP, que no presentaban distintivos federales visibles.

En este contexto, también se reportaron las detenciones de varios manifestantes, sumándose a la situación del día anterior cuando David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California, resultó herido y arrestado mientras documentaba una redada en el centro de Los Ángeles.

La Casa Blanca respondió a estos sucesos defendiendo sus acciones y tratando de trasladar la responsabilidad a los líderes demócratas que gobiernan Los Ángeles y California.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, acusó a los manifestantes de lanzar agresiones físicas contra los agentes del ICE, así como de pinchar neumáticos y dañar propiedades federales con grafitis.

“La alcaldesa Karen Bass debe exigir el fin de esta violencia. La retórica violenta de los políticos ha ido demasiado lejos. Esta violencia contra el ICE debe cesar“, manifestó McLaughlin, quien remarcó que más de mil manifestantes rodearon el edificio federal la noche del viernes.