
Un tribunal federal de Massachusetts suspendió temporalmente este jueves la aplicación de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que prohibía la entrada a Estados Unidos de estudiantes y profesionales extranjeros vinculados a la Universidad de Harvard. La decisión fue tomada por la jueza Allison Burroughs, quien consideró que la institución académica corría el riesgo de sufrir “un daño inmediato e irreparable” si la medida seguía adelante.
La orden de Burroughs se emitió pocas horas después de que Harvard presentara una demanda para frenar la nueva proclama de Trump, que fue firmada el miércoles bajo el argumento de “mejorar la seguridad nacional abordando los riesgos en la Universidad de Harvard”. La universidad respondió con una acción legal en la que advirtió que la decisión del Ejecutivo violaba derechos constitucionales y representaba una represalia por parte del gobierno federal.
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“El tribunal no esperó la respuesta del gobierno porque Harvard sufriría daños inmediatos e irreparables antes de que haya una oportunidad de escuchar a todas las partes”, escribió la jueza Burroughs en su resolución judicial, según reportó el medio estudiantil The Harvard Crimson.
La universidad había presentado horas antes una solicitud para enmendar una demanda anterior, iniciada luego de que el 23 de mayo la Administración Trump cancelara la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) de la institución. Burroughs ya había fallado entonces a favor de Harvard, lo que provocó una nueva escalada por parte del expresidente.
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En su proclamación más reciente, Trump calificó a Harvard como un “destino inadecuado para estudiantes e investigadores extranjeros” y la acusó de mantener “vínculos extranjeros preocupantes y radicalismo”. Como parte de su campaña contra universidades de élite, también cuestionó la presencia de manifestaciones propalestinas en sus campus y criticó sus políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Los abogados de Harvard afirmaron en su demanda que el nuevo intento de Trump de restringir el acceso a estudiantes internacionales viola la Primera Enmienda de la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo y normas federales migratorias de larga data.
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“Esta no es la primera vez que la Administración intenta separar a Harvard de sus estudiantes internacionales”, se lee en el documento legal. Según los representantes de la universidad, las medidas del gobierno no tienen como fin proteger intereses nacionales, sino que constituyen una “venganza del gobierno contra Harvard” por no ceder ante exigencias ideológicas.
El texto judicial señala también que la universidad ha sido blanco de una campaña de represalias por parte de la Casa Blanca. El gobierno de Trump ha congelado más de 3.200 millones de dólares en subvenciones federales y contratos, y ha excluido a la universidad de futuras ayudas, además de amenazar con anular sus exenciones fiscales.
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La situación afecta especialmente a los estudiantes internacionales, que representan el 27% de la matrícula total para el ciclo académico 2024-2025. Aunque la proclama apuntaba principalmente a nuevos aspirantes, también puso en duda el estatus migratorio de quienes ya están matriculados y planean regresar a Estados Unidos tras las vacaciones.
Un estudiante indio de la Harvard Kennedy School of Government, que pidió el anonimato por temor a represalias, afirmó que aún no han recibido información concreta de la universidad. “Sabíamos que iba a ser un verano largo, pero lo que más preocupa es la incertidumbre”, dijo.
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Otro estudiante, Alfred Williamson, de nacionalidad galesa-danesa y cursante de segundo año de física y políticas públicas, consideró que se trata de una medida punitiva. “Esto es otra muestra autoritaria de extralimitación del gobierno que castiga a los estudiantes internacionales por asistir a una universidad que se niega a doblegarse”, declaró al Crimson.
La jueza Burroughs concedió una orden preliminar que mantiene vigente el Programa de Visitantes de Intercambio al menos hasta el 20 de junio, mientras continúa el proceso judicial. Harvard también pidió una orden permanente que proteja a sus alumnos de nuevas acciones del Ejecutivo.
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La Casa Blanca defendió la proclamación indicando que “Harvard ha demostrado un historial de radicalismo e influencia extranjera preocupante”, aunque no presentó pruebas concretas. Además, criticó a la universidad por no entregar los expedientes de estudiantes internacionales a las autoridades federales.
Esta nueva batalla legal entre el gobierno de Trump y Harvard se da en un contexto más amplio de hostilidad hacia instituciones académicas consideradas liberales. En paralelo, la secretaria de Educación advirtió el miércoles que la Universidad de Columbia también podría perder su acreditación si no accede a los requerimientos del Ejecutivo.
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