Sofía, una niña mexicana de 4 años enfrenta un posible desenlace fatal si es deportada de Estados Unidos, según alertó su equipo legal en una conferencia de prensa ofrecida esta semana.
La menor padece síndrome de intestino corto, una condición médica que impide que su cuerpo absorba adecuadamente los nutrientes y líquidos que necesita para sobrevivir.
Desde su ingreso al país en 2023, Sofía ha recibido tratamiento especializado en el Children’s Hospital de Los Ángeles, tras ingresar junto a su madre, Deysi Vargas, por medio de un permiso humanitario otorgado en la frontera sur.
El tratamiento, que consiste en la nutrición parenteral total (TPN) administrada por vía intravenosa hasta 14 horas al día, permite que la menor reciba los nutrientes que su cuerpo no puede procesar de forma natural.
Durante el día, mientras asiste a la escuela o acompaña a su madre al supermercado, Sofía porta una mochila que contiene un sistema portátil conectado a tubos gástricos que le proporcionan la nutrición necesaria.
“La tecnología que salva su vida no está disponible fuera de Estados Unidos“, advirtió la abogada Gina Amato Lough, de la organización Public Counsel, durante la rueda de prensa. “Si es deportada y se interrumpe su tratamiento, morirá en cuestión de días”, añadió.
Revocación del permiso humanitario
Pese a los avances médicos que ha logrado desde su llegada, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificó a la familia en abril que su parole humanitario había sido revocado, sin ofrecer una explicación más allá de que se trata de una decisión discrecional.
La carta, fechada el 11 de abril y compartida con medios como ABC News y NBC News, advierte: “Es momento de abandonar los Estados Unidos. Si no lo hace de inmediato, estará sujeta a posibles acciones legales que resultarán en su expulsión del país”.
Además de la orden de salida, la notificación incluía la cancelación de los permisos de trabajo de Vargas, quien es la principal cuidadora de la menor.
El equipo legal de la familia envió una carta al DHS el 9 de mayo argumentando que la revocación “fue un error administrativo” y subrayando que la familia no ha violado los términos de su permiso. No obstante, continuaron recibiendo notificaciones que confirmaban la terminación del parole.
La vida antes y después del tratamiento
Antes de llegar a Estados Unidos, Sofía pasaba largas horas hospitalizada en México, sin mostrar mejoría. “Mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas, quien habló en español ante los medios.
La menor fue trasladada de emergencia a un hospital en San Diego tras su llegada, y un año después referida al hospital de Los Ángeles por la gravedad de su condición. Con el tratamiento actual, la niña ha logrado ir al preescolar y realizar actividades propias de su edad.
En la conferencia, jugaba con cartas y mostraba trabajos de arte como ejemplo de su progreso. “Ahora mi hija puede vivir su vida como una niña, salir del hospital y tener una infancia”, declaró su madre.
Apoyo legal y presión diplomática
Los abogados de Public Counsel han presentado una nueva solicitud de parole humanitario ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el pasado 14 de mayo, y están a la espera de una respuesta.
Un funcionario del DHS, citado por NBC News, aseguró que los reportes sobre una deportación activa son “falsos” y que el caso está “aún bajo consideración”.
El Gobierno de México, a través de sus consulados en Los Ángeles y Fresno, expresó su respaldo a la familia. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que están intercediendo con legisladores estatales y federales para impedir la deportación, y que se mantendrán brindando apoyo consular y legal.
En cuanto a la situación legal del padre de la menor, los abogados aclararon que enfrenta un cargo menor por levantar la voz en un hospital de San Diego durante una discusión sobre la atención médica de su hija, y que dicho proceso está siendo resuelto mediante clases de manejo de la ira, sin impacto sobre la situación migratoria de la madre.
“La deportación equivaldría a una sentencia de muerte para esta niña”, insistió Amato. “Es una situación desesperada y profundamente injusta. No podemos permitir que nuestro país le dé la espalda a esta familia que solo busca un tratamiento médico para salvar la vida de su hija”.
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