Trump ordenó revisar y cancelar contratos federales con Harvard por un valor de 100 millones de dólares

La administración del presidente Donald J. Trump ha dado un nuevo paso en su ofensiva contra la Universidad de Harvard al instruir a las agencias federales que revisen y, en su caso, cancelen contratos vigentes con la institución, por un valor estimado de 100 millones de dólares, según confirmaron funcionarios de la Casa Blanca este martes.

Un borrador de carta redactado por la Administración de Servicios Generales instruye a los distintos organismos gubernamentales a evaluar sus relaciones contractuales con la universidad y a buscar proveedores alternativos. De acuerdo con un funcionario que habló bajo condición de anonimato por tratarse de deliberaciones internas, el documento será enviado a lo largo del día.

La existencia de la carta fue revelada inicialmente por The New York Times.

Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia que ha llevado al gobierno a suspender más de 2.600 millones de dólares en subvenciones para investigaciones en Harvard. La universidad, una de las más antiguas y con mayores recursos financieros del país, ha rechazado las exigencias de la administración Trump de realizar cambios en su estructura de gobierno, políticas de admisión y supervisión de protestas estudiantiles.

La tensión escaló el pasado 21 de abril, cuando Harvard presentó una demanda contra el Ejecutivo por lo que considera una intromisión injustificada en su autonomía institucional. Desde entonces, la Casa Blanca ha recortado progresivamente fondos federales, ha anunciado restricciones para el ingreso de estudiantes internacionales y ha amenazado con eliminar beneficios fiscales históricos para la universidad.

Entre los contratos que se encuentran bajo revisión se incluyen programas de formación ejecutiva para funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, según detalló otro funcionario que también pidió no ser identificado. Los contratos en cuestión están distribuidos entre nueve agencias y suman cerca de 100 millones de dólares. A las agencias que mantienen relaciones consideradas “críticas” se les ha indicado que no cancelen de inmediato, sino que desarrollen planes de transición hacia otros proveedores.

La carta se refiere exclusivamente a contratos federales y no afecta a las subvenciones restantes en investigación científica, que siguen siendo objeto de revisión por separado.

La postura de la Casa Blanca se ha endurecido en las últimas semanas. Este lunes, Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social en el que advirtió que está considerando retirar otros 3.000 millones de dólares en subvenciones federales otorgadas a Harvard, con la intención de redirigirlos a centros de formación profesional. “¡Qué gran y tan necesaria inversión sería para Estados Unidos!”, escribió.

Trump también denunció que Harvard no ha entregado los nombres de los estudiantes extranjeros inscritos, como le fue solicitado por su administración. Según el mandatario, el objetivo de esa solicitud es identificar a quienes habrían participado en manifestaciones propalestinas u otras acciones consideradas disruptivas por el gobierno.

“Todavía estamos esperando las listas de estudiantes extranjeros de Harvard para poder determinar… cuántos lunáticos radicalizados, todos ellos alborotadores, no deberían ser admitidos de nuevo en nuestro país”, publicó Trump.

Una jueza federal bloqueó temporalmente el viernes la decisión del Ejecutivo de impedir la renovación de visados a estudiantes internacionales de Harvard, una medida que también forzaría a quienes ya están en el país a transferirse a otras instituciones o enfrentarse a la expulsión.

En sus mensajes, Trump acusó a Harvard de actuar deliberadamente para obstruir los pedidos de información de su gobierno y advirtió que, a pesar de los frenos judiciales, “al final el Gobierno GANARÁ”.

Desde su regreso a la presidencia en enero, Trump ha reavivado su enfrentamiento con el mundo académico, en particular con las universidades de la Ivy League como Columbia y Harvard. Las ha acusado de ser cómplices del antisemitismo por permitir protestas contra la ofensiva israelí en Gaza y de favorecer a intereses extranjeros, en especial a través de programas de intercambio con China.

La escalada no sólo refleja la voluntad de Trump de moldear el espacio académico según las prioridades de su segundo mandato, sino que también prefigura una batalla legal de amplio alcance en torno a la autonomía universitaria, la libertad de expresión y el uso de fondos públicos en la educación superior.