Los activistas cubanos Lázaro Valle Roca y Eralidis Frómet pedirán asilo en Estados Unidos tras la revocación de su ‘parole’ humanitario

Los activistas cubanos Lázaro Yuri Valle Roca y Eralidis Frómeta han iniciado los trámites de solicitud de asilo en Estados Unidos y solicitado el apoyo del secretario de Estado, Marco Rubio, después de que se revocase su ‘parole’ humanitario.

Frómeta explicó este lunes EFE que su marido —que ejercía en la isla como periodista independiente— y ella han contactado a un bufete de abogados para iniciar el proceso de asilo con la intención de evitar tener que regresar a Cuba, de donde salieron el pasado junio.

“Estamos ya en contacto con unos abogados y estamos esperando que nos envíen el documento que tenemos redactar para el proceso asilo. Tenemos que intentarlo”, señaló Frómeta, quien subrayó que tras casi nueve meses en EEUU siguen recuperándose “física y psicológicamente”.

Este fin de semana el matrimonio recibió la comunicación oficial que les informaba de la revocación de su ‘parole’ humanitario por orden ejecutiva y su obligación de abandonar EEUU antes del 24 de abril.

“Si nos deportan al país donde hemos sido perseguidos durante tantos años, ellos (la dictadura cubana) se verán con más derecho a atacarnos”, aseguró la activista, que consideró que de volver a la isla los dos se encontrarán en “peligro inminente”.

“Tal vez ni nos dejen montarnos en el avión. No creo que Cuba nos reciba a nosotros”, agregó haciendo referencia a otros casos de activistas cubanos a lo que no les ha sido permitido regresar a su país tras salir al extranjero.

Frómeta indicó que los abogados se mostraron confiados en que la puesta en marcha del procedimiento de asilo político deje en suspenso la orden de autodeportación, aunque reconoció que actualmente la incertidumbre es elevada.

La activista explicó que ya han contactado con “varias personas influyentes” para intentar generar apoyo a su favor y que, gracias a eso, su caso ya ha llegado a “congresistas y senadores”, además de al secretario de Estado, Marco Rubio, y a la activista cubana Rosa María Payá, fundadora de la ONG Cuba Decide.

Valle y Frómeta salieron en junio pasado de Cuba hacia EEUU con un ‘parole’ humanitario. Él llevaba en prisión desde 2021 cumpliendo una condena de cinco años por el delito de propaganda enemiga continuada y su estado de salud se había deteriorado notablemente.

El independiente Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) escribió entonces que las autoridades cubanas permitieron a Valle tramitar su ‘parole’ humanitario en el consulado estadounidense en La Habana a condición de que abandonara el país.

Su sentencia fue condenada por el Iclep, Amnistía Internacional y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Excarcelación de 553 prisioneros

A comienzos de marzo, el Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba anunció la culminación del proceso de excarcelación anticipada de 553 presos, entre ellos los líderes opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro.

Según el régimen, la excarcelación fue una “decisión unilateral”, pero informes de Estados Unidos aseguran que la medida respondió a una mediación del Vaticano y que entre los excarcelados hay manifestantes del 11 de julio de 2021, día en que miles de cubanos salieron a las calles para exigir libertad y el fin de la dictadura.

Esas protestas fueron brutalmente reprimidas con cientos de detenciones y condenas ejemplarizantes.

La organización Justicia 11J expresó su preocupación ante el anuncio del régimen, señalando que la información oficial confirma su sospecha de que el proceso continuó en secreto entre el 27 de febrero y el 3 de marzo.

Según la ONG, hasta ahora han verificado la identidad de 193 personas excarceladas, además de 9 que ya cumplían sanciones bajo el régimen de excarcelación, lo que suma un total de 202 presos políticos liberados. El resto de los excarcelados son reclusos comunes.

Además, Justicia 11J advirtió que el régimen impone condiciones a los excarcelados, quienes deben “mantener un comportamiento social acorde con nuestras normas socialistas”, lo que en la práctica significa que pueden ser detenidos nuevamente si las autoridades lo consideran oportuno.

La ONG exigió transparencia y rendición de cuentas sobre este proceso, así como la publicación del listado oficial de beneficiados y los criterios de selección. También instó a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos a actuar con urgencia para garantizar que estas excarcelaciones no sean utilizadas como un instrumento de propaganda del régimen.

(Con información de EFE)