El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el jueves que los tribunales dejen de bloquear su agenda, acercándose a un enfrentamiento constitucional después de que un juez sugiriera que la administración ignoró una orden para bloquear las deportaciones sumarias.
Un juez federal, en una orden enérgica, le dio al Departamento de Justicia hasta el martes para explicar por qué siguió adelante con los vuelos a prisión en El Salvador de inmigrantes venezolanos, algunos de los cuales dicen que no cometieron ningún delito y que fueron atacados solo por sus tatuajes.
Trump, en un duro ataque al poder judicial que habría sido impensable viniendo de la mayoría de los presidentes, exigió que interviniera la Corte Suprema.
“Nuestro objetivo es HACER QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE OTRA VEZ, y una aspiración tan elevada jamás podrá lograrse si se permite que jueces radicales y altamente partidistas obstaculicen la JUSTICIA”, escribió Trump en una publicación en Truth Social dirigida al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.
“DETENGAN LOS MANDATO CASUAL NACIONAL AHORA, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, escribió Trump en mayúsculas.
“Si el juez Roberts y la Corte Suprema de los Estados Unidos no solucionan esta situación tóxica y sin precedentes INMEDIATAMENTE, ¡nuestro país estará en serios problemas!”.
Roberts, quien fue nominado por el republicano George W. Bush, un día antes emitió una rara reprimenda del principal juez del país a los comentarios del presidente después de que Trump pidió el impeachment del juez que falló sobre el caso de inmigración.
“Durante más de dos siglos, se ha establecido que el impeachment no es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisión judicial”, dijo Roberts en una breve declaración.
“El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”.
James Boasberg, juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, emitió el sábado una orden de emergencia contra la deportación de venezolanos que buscan recursos legales.
Dijo que dos vuelos debían regresar. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ofreció acoger a presos a bajo costo en la prisión más grande de Latinoamérica, respondió en redes sociales: “¡Uy!... Demasiado tarde”.
En una nueva orden del jueves, Boasberg dijo que un director interino de la oficina de campo de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas explicó que la administración Trump estaba considerando justificar sus acciones diciendo que el asunto era un asunto de “secretos de estado”.
“Esto es lamentablemente insuficiente”, escribió Boasberg, afirmando que “el Gobierno eludió una vez más sus obligaciones”.
Dijo que un funcionario regional a cargo de la aplicación de la ley migratoria no estaba en posición de dar fe de los argumentos presentados a nivel de gabinete contra un tribunal federal.
Le dio a la administración Trump hasta el martes para explicar por qué no violó su orden de restricción.
Las autoridades dijeron que 237 venezolanos fueron trasladados a El Salvador, algunos de ellos mientras Trump invocaba la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, rara vez utilizada, para expulsar a presuntos miembros del Tren de Aragua, una pandilla venezolana.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el lunes que tenía confianza en que los venezolanos deportados eran miembros de pandillas, pero que incluso si no lo eran, estaban ilegalmente en Estados Unidos.
(Con información de AFP)
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