El Senado de Arizona avanza con el Proyecto de Ley SB 1164, también denominado Arizona ICE Act, una iniciativa legislativa que obligaría a las agencias estatales y policías locales a colaborar con las autoridades federales de inmigración. La medida ha generado un fuerte debate entre republicanos, que la consideran una herramienta para la seguridad pública, y demócratas y grupos de derechos civiles, que la denuncian como una amenaza para las comunidades migrantes.
Descripción general del SB 1164 (Arizona ICE Act)
El SB 1164 establece que todas las agencias del orden en Arizona deben “usar sus mejores esfuerzos para apoyar la aplicación de las leyes de inmigración federales”. Entre sus principales disposiciones se incluyen:
- Obligación de retener a sospechosos con órdenes de detención migratoria por hasta 48 horas para que ICE pueda tomar su custodia.
- Prohibición de políticas locales que limiten la cooperación con ICE, lo que invalidaría ordenanzas municipales como la de Phoenix, que restringe la participación de su policía en operativos de inmigración.
- Sanciones para agencias que incumplan la ley, permitiendo al fiscal general estatal emprender acciones legales contra ellas.
- Participación obligatoria en el programa federal 287(g), que faculta a los agentes locales para actuar como oficiales de inmigración.
El proyecto también contempla financiamiento estatal para facilitar la implementación de estas medidas en los departamentos de policía y correccionales.
Posturas y argumentos a favor del proyecto de ley
Los republicanos, impulsores del SB 1164, argumentan que la medida es necesaria para garantizar la seguridad pública y evitar la liberación de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.
El senador Warren Petersen, presidente del Senado estatal y principal promotor del proyecto, sostuvo que la iniciativa busca que “Arizona colabore con los esfuerzos del presidente para remover a inmigrantes ilegales que han cometido crímenes”. Añadió que la ley no implica redadas masivas en comunidades, sino la retención de personas detenidas por delitos estatales para su entrega a ICE.
Según Petersen, “es más seguro para las autoridades detener a estas personas en prisiones o cárceles que hacerlo en la comunidad”, además de que el gobierno federal reembolsará los costos de la detención, por lo que no habría impacto presupuestario en Arizona. El legislador aseguró que “la mayoría de los sheriffs” en Arizona respaldan la medida y están dispuestos a cooperar con ICE para su implementación.
Críticas y oposición al SB 1164
Los demócratas y grupos de derechos civiles han expresado su rechazo al SB 1164, señalando que podría generar perfiles raciales, desalentar la denuncia de crímenes por parte de comunidades migrantes y aumentar la carga sobre agencias policiales con pocos recursos.
La senadora Catherine Miranda, del Partido Demócrata, alertó que la ley “hará que nuestras comunidades sean menos seguras”, ya que “habrá una reducción en las denuncias de crímenes violentos porque la gente tendrá miedo de actuar como testigo por temor a la deportación”. Grupos como LUCHA han organizado protestas semanales contra el SB 1164, argumentando que forma parte de la agenda de deportaciones masivas impulsada por los republicanos.
Impacto en la aplicación de la ley y el sistema judicial
El proyecto de ley introduce requisitos estrictos para la cooperación de la policía con ICE:
- Los jueces deberán ser notificados si un detenido tiene una orden migratoria.
- Cada departamento de policía deberá asegurar que al menos el 10% de sus oficiales reciba entrenamiento en cumplimiento de leyes migratorias federales.
- El fiscal general de Arizona podrá demandar a agencias policiales que no cumplan con la norma.
- Los ciudadanos podrán solicitar una investigación contra su policía local si creen que no está colaborando con ICE, lo que podría generar denuncias infundadas y sobrecargar a las autoridades.
Estos puntos han generado preocupación entre abogados de derechos humanos, quienes advierten que el SB 1164 puede resultar en detenciones arbitrarias e inconstitucionales.
Otros proyectos de ley sobre inmigración en Arizona
El SB 1164 no es la única legislación migratoria en discusión en Arizona. Otros proyectos incluyen:
- HB 2099: Obliga al gobernador y al fiscal general del estado a hacer cumplir estrictamente las leyes de inmigración federales.
- SB 1294: Propone arrendar la prisión de Marana, vacía desde 2023, al gobierno federal por 1 dólar al año para albergar detenidos migratorios.
- SB 1362 y HB 2807 (Immigrant Trust Act): Buscan brindar protección a inmigrantes sin estatus legal, pero es poco probable que avancen en un Congreso estatal dominado por republicanos.
Últimas Noticias
Trump advirtió que EEUU “destruirá” las centrales eléctricas de Irán si el régimen no abre el estrecho de Ormuz en 48 horas
El presidente norteamericano instó a la República Islámica a reabrir esa vía marítima clave para el comercio mundial “sin amenazas”. Un rato antes había afirmado que Washington “borró del mapa a Irán” tras tres semanas de conflicto
OpenAI incorporará 3.500 empleados y alcanzará los 8.000 para finales de 2026
La firma estadounidense sumará talento especializado, impulsada por inversiones recientes y el interés del sector tecnológico, con el objetivo de responder a la demanda mundial por soluciones avanzadas en automatización y datos
Sheriff de Los Ángeles recupera en la ciudad mercancía robada por USD 7 millones
Una operación policial en distintos puntos de California permitió la incautación de artículos de lujo y efectivo, tras la desarticulación de una red delictiva vinculada con el robo y la distribución ilícita de bienes que afectó a grandes empresas
¿Cuál es el estado norteamericano con los conductores más imprudentes?
Un reciente estudio destaca a la región por registrar el mayor porcentaje nacional de accidentes fatales vinculados a distracción, falta de seguro y consumo de alcohol, lo que revela una preocupante situación en materia de seguridad vial
Hombre de Carolina del Norte condenado por desviar USD 10 millones con fraude musical de IA
El fallo judicial marca un precedente federal en Estados Unidos al sancionar la apropiación ilícita de ingresos a través de sistemas digitales en servicios de streaming, con impacto en creadores y titulares de derechos de autor
