El presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó el martes una ambiciosa orden ejecutiva sobre inteligencia artificial que busca garantizar la infraestructura necesaria para operaciones avanzadas de IA, como centros de datos a gran escala y nuevas instalaciones de energía limpia, que puedan construirse rápidamente en Estados Unidos.
La orden ejecutiva instruye a las agencias federales a acelerar el desarrollo de infraestructura de IA a gran escala en sitios gubernamentales, al tiempo que impone requisitos y salvaguardas a los desarrolladores que construyen en esos lugares. También ordena a ciertas agencias que pongan a disposición sitios federales para centros de datos de IA y nuevas instalaciones de energía limpia. Estas agencias ayudarán a facilitar la interconexión de la infraestructura con la red eléctrica y ayudarán a acelerar el proceso de permisos.
En un comunicado, Biden dijo que la IA tendrá “implicaciones profundas para la seguridad nacional y un enorme potencial para mejorar la vida de los estadounidenses si se aprovecha de manera responsable, desde ayudar a curar enfermedades hasta mantener seguras a las comunidades mitigando los efectos del cambio climático”.
“Sin embargo, no podemos dar por sentado nuestro liderazgo”, dijo el presidente demócrata. “No permitiremos que Estados Unidos sea superado en cuanto a la tecnología que definirá el futuro, ni deberíamos sacrificar los estándares ambientales críticos y nuestros esfuerzos compartidos para proteger el aire y agua limpios”.
Bajo las nuevas reglas, los departamentos de Defensa y Energía identificarán cada uno al menos tres sitios donde el sector privado pueda construir centros de datos de IA. Las agencias llevarán a cabo “licitaciones competitivas” de empresas privadas para construir centros de datos de inteligencia artificial en esos sitios federales, dijeron funcionarios de la administración superior.
Los desarrolladores que construyan en esos sitios estarán obligados, entre otras cosas, a pagar por la construcción de esas instalaciones y a aportar generación de energía limpia suficiente para cubrir las necesidades de capacidad total de sus centros de datos. Aunque el gobierno de Estados Unidos arrendará terrenos a una empresa, esa empresa será propietaria de los materiales que cree allí, dijeron los funcionarios.
A menos de una semana de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo, una gran pregunta es si la administración entrante mantendrá o rescindirá la nueva orden. Gran parte del enfoque de la orden está en reducir los cuellos de botella para conectar centros de datos que consumen mucha energía a nuevas fuentes de electricidad.
“Tiene que ser una prioridad porque de lo contrario habrá apagones, habrá ciudadanos o empresas afectados por esto”, dijo el científico informático Sacha Luccioni, líder climático en la empresa de IA Hugging Face. “Facilitar la interconexión de la infraestructura a la red eléctrica es algo obvio que sería útil para la próxima administración, sin importar cuáles sean sus prioridades en términos de sostenibilidad o clima”.
Biden dijo que los esfuerzos están diseñados para acelerar la transición a la energía limpia de una manera “responsable y respetuosa con las comunidades locales” y que no sume costos al estadounidense promedio. Los desarrolladores seleccionados para construir en sitios gubernamentales estarán obligados a pagar todos los costos de construcción y operación de la infraestructura de IA para que el desarrollo no aumente los precios de la electricidad para los consumidores, indicó la administración.
Ese tipo de inversión también evitará que Estados Unidos dependa de otros países para acceder a herramientas de IA, dijo Tarun Chhabra, subasistente presidencial y coordinador de tecnología y seguridad nacional.
La orden ejecutiva llega tras la propuesta de nuevas restricciones a las exportaciones de chips de inteligencia artificial que anunció la administración Biden con el objetivo de equilibrar las preocupaciones de seguridad nacional sobre la tecnología con los intereses económicos de los productores y otros países. Esa propuesta generó preocupaciones de ejecutivos de la industria de chips, así como de funcionarios de la Unión Europea sobre restricciones de exportación que afectarían a 120 países.
(AP)
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