Johanna Michely García, exdirectora ejecutiva de MJ Capital Funding LLC, ha sido condenada a 20 años de prisión por su implicación en un esquema Ponzi que estafó a miles de personas por una cantidad de 190 millones 700 mil dólares. Esta sentencia se dio a conocer el martes en el Distrito Sur de Florida, según un informe oficial de las autoridades. García fue hallada culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y postal en un caso que involucró a más de 15 mil 400 víctimas, quienes perdieron un total cercano a 90 millones de dólares.
De acuerdo con CBS, desde octubre de 2020 hasta agosto de 2021, García afirmaba ofrecer a los inversionistas altos rendimientos a través de adelantos de efectivo para comerciantes (MCAs, por sus siglas en inglés), pero en realidad usaba el dinero de los nuevos inversores para pagar a los anteriores, en una típica maniobra de un esquema Ponzi. WSVN añade que García y sus colaboradores, incluyendo a Pavel Ramón Ruiz Hernández, prometían un retorno anual del 120%, algo que nunca se materializó ya que la empresa “hizo pocos préstamos y no generó las ganancias necesarias para cumplir con las promesas a los inversores”.
El engaño de MJ Capital Funding no fue el único para García, ya que, como informa WSVN, después del cierre de dicha compañía por parte del FBI y la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU en 2021, García inició otra serie de fraudes con nuevas entidades como New Beginning Global Funding LLC y New Beginning Capital Funding LLC. “En verdad, el dinero recaudado se utilizó para pagar a inversores anteriores y financiar el estilo de vida de García y sus co-conspiradores”, detalla WSVN.
¿Qué es un esquema Ponzi?
Un esquema Ponzi es una forma de fraude financiero que promete altos retornos a los inversores iniciales utilizando los fondos de nuevos participantes en lugar de generar ganancias reales. Este modelo es insostenible a largo plazo, ya que depende continuamente de la entrada de nuevos fondos. Su nombre proviene de Charles Ponzi, quien popularizó este tipo de estafa en Estados Unidos durante la década de 1920.
En el caso de García, los inversores confiaron en las atractivas tasas de retorno y en la credibilidad de su empresa, sin saber que los ingresos se destinaban a pagar a otros inversores y a los lujos de los organizadores.
Uno de los principales cómplices de García, Pavel Ramón Ruiz Hernández, fue juzgado y sentenciado a nueve años de prisión por su participación en el fraude. NBC señala que García, incluso mientras ya estaba bajo custodia federal, siguió adelante con estas maniobras fraudulentas, llevando a cabo nuevas operaciones a través de diferentes nombres, pero con el mismo modus operandi.
Muchas de las víctimas perdieron todo lo que tenían
Las víctimas de este esquema han expresado su desolación y desesperanza, como es el caso de Steven Shulman, quien perdió 50.000 dólares y relató a WSVN: “No hay dinero entrando, no hay ingresos”. Otro inversor anónimo comentó a WSVN que las pérdidas resultaron en casos de suicidio y depresión entre sus conocidos: “Muchos de los que conozco decían, ‘esto es todo lo que tengo. ¿Qué voy a hacer?’. Pensaba incluso en quitarse la vida”, compartió la víctima.
NBC detalla que en marzo de 2023, Wells Fargo Bank, que fue acusado de colaborar indirectamente con el fraude al no seguir sus propias políticas antilavado de dinero, aceptó un acuerdo de 26,6 millones de dólares para resolver la demanda presentada por los inversores.
En su defensa, el equipo legal de García argumentó que sus acciones fueron impulsadas por el deseo de reembolsar a los inversores originales, pero esta afirmación fue rechazada por la Fiscalía, que enfatizó su rol central como “líder/organizadora de los dos esquemas Ponzi que defraudaron a más de 15 mil 400 víctimas”.
En la audiencia de sentencia, García dirigió unas palabras a las víctimas expresando su arrepentimiento. Sin embargo, aún queda la incertidumbre sobre cuánto dinero se podrá recuperar y qué compensación recibirán las personas afectadas. De acuerdo con su defensa, el receptor asignado al caso ha logrado recuperar un tercio de los fondos malversados, según reporta WSVN. “Las víctimas tendrán que esperar para ver cuánto dinero se les reembolsará en el futuro”, concluye el informe.
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