Estados Unidos acusó este jueves al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, de intentar afianzar su control político mediante una controvertida reforma constitucional presentada esta semana en la Asamblea Nacional, dominada por el régimen sandinista.
Según Brian Nichols, encargado de América Latina en el Departamento de Estado, la dictadura sandinista busca “cambiar, sin revisión ni debate, la Constitución con el fin de concentrar más poder en manos de Ortega y Rosario Murillo”.
Nichols añadió que esta reforma permitirá al régimen reprimir a los nicaragüenses y aislar aún más al país de la comunidad internacional.
La reforma, la duodécima impulsada por el régimen de Ortega desde 2007, incorpora medidas que intensifican la centralización del control en el Ejecutivo.
Propone ampliar de cinco a seis años el período presidencial, instaurar la figura de “copresidenta”, otorgar al Ejecutivo la facultad de coordinar los demás poderes del Estado e incorporar la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el poder desde 2007, como símbolo nacional.
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Además, la reforma incluye declarar al Estado como “revolucionario” y crear una Policía Voluntaria, presentada como un cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, que sería utilizada como parapolicial para intensificar la represión contra la disidencia.
La propuesta ha sido ampliamente condenada por la comunidad internacional.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, criticó la reforma, mientras líderes opositores como Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Lesther Alemán la calificaron como un intento de consolidar un modelo de dinastía familiar.
“Esta reforma está diseñada a la medida del autoritarismo, control institucional, lealtades personales y represión”, señalaron en un comunicado conjunto.
Los opositores denunciaron que Ortega y Murillo buscan aniquilar los cimientos democráticos del país, destruyendo la separación de poderes y ampliando su control sobre el Estado.
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“Esta reforma aplasta nuestra legítima Carta Magna para cumplir con caprichos personales y consolidar el modelo de dinastía familiar”, afirmaron.
En el documento, firmado por figuras como Yubrank Suazo, Dolly Mora, Alexa Zamora y otros líderes de la resistencia, los opositores pidieron a la comunidad internacional revisar las relaciones diplomáticas y comerciales con Nicaragua.
“Demandamos apoyo y acompañamiento en acciones concretas a través de gobiernos solidarios, organizaciones de sociedad civil y organismos financieros que colaboren en el aislamiento máximo de la dictadura en todos los niveles”, instaron.
El grupo también exhortó a la comunidad internacional a asumir la responsabilidad de proteger los derechos humanos, la democracia y la justicia en Nicaragua y en la región. En palabras de Dolly Mora, esta reforma “marca una nueva etapa de resistencia frente a las leyes aberrantes del régimen”.
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La reforma constitucional debe ser aprobada en dos legislaturas consecutivas. Con una Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, se prevé su aprobación inicial en los próximos días y su ratificación en el primer trimestre de 2025.
Opositores subrayaron que esta maniobra legislativa consolida el modelo autoritario y centraliza aún más el poder en el Ejecutivo.
“Centralizar los poderes legislativo, judicial y electoral es evidencia de la paranoia que rodea a la pareja presidencial ante el hartazgo de los trabajadores del Estado”, afirmaron los disidentes.
La propuesta también busca consolidar la figura de Rosario Murillo como “copresidenta”, un puesto que fortalecería su control político sin enfrentarse a elecciones democráticas.
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Según los opositores, la reforma está “basada en la creación de nuevas figuras de poder para cumplir el deseo de Rosario Murillo que nunca podrá ser presidente mediante elecciones libres y democráticas”.
Entre los firmantes de la declaración se encuentran varias figuras de la oposición que han sido desnacionalizadas o que permanecen en el exilio. Sin embargo, desde el exterior, han insistido en la importancia de trabajar de manera conjunta para enfrentar esta nueva etapa de autoritarismo.
“Ortega y Murillo no solo destruyen las instituciones democráticas de Nicaragua, sino que intentan consolidar un modelo de dinastía familiar que amenaza la estabilidad de la región”, afirmó Alexa Zamora.
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Con la mayoría absoluta del FSLN en la Asamblea Nacional, la reforma constitucional de Ortega parece destinada a convertirse en ley. Sin embargo, las voces de la oposición dentro y fuera de Nicaragua siguen denunciando esta maniobra como un ataque frontal a la democracia y un intento de perpetuar el control autoritario del régimen.
(Con información de EFE)
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