El Gobierno aprueba el decreto ley de los centros de datos y la patronal lo recurrirá

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Madrid, 20 nov (EFE).- El Consejo de Ministros de este viernes ha aprobado el real decreto de criterios de sostenibilidad para los centros de datos, mientras que el PP ha asegurado que lo derogará si llega al Gobierno y la patronal del sector, Spain DC, lo recurrirá y pide su suspensión cautelar.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que esta normativa convierte a España en "pionera" y estima que sin ella los consumidores pagarían 5.000 millones anuales más en la factura de la luz al año.

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En concreto, tras ser preguntada por el detalle, ha especificado que esta cifra sería anual y se correspondería a 4.000 millones de subida en el precio del mercado mayorista derivada de un mayor consumo de gas y otros 1.000 millones por el coste del mercado de capacidad, el mecanismo aprobado recientemente y que se conoce como "escudo antiapagones".

Sin embargo, la Asociación Española de Centros de Datos Spain DC ha rechazado esta cifra "cuyo origen y metodología el Gobierno no ha explicado" y que contrasta con las estimaciones técnicas y los estudios independientes que esta asociación trasladó al propio Ministerio.

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El decreto fija que los centros de datos justifiquen el consumo de un 80 % de energía renovable con "correlación horaria", es decir, se computará hora a hora, hasta que las renovables representen más del 90 % del 'mix' eléctrico nacional.

Asimismo, según ha explicado Aagesen, se establece que estos centros de datos tengan que disponer de etiqueta A, cuyos requisitos son fijados por la Unión Europea, en el consumo de agua; mientras que en el caso de la eficiencia energética la etiqueta dependerá de la región.

Este decreto contará también con "un régimen transitorio" porque entienden que el cumplimiento de estos requisitos "requerían ciertas flexibilidades y, por lo tanto, hemos introducido un transitorio, que es opcional" y que, en el momento de posible tensión de la red "serían desconectados" porque "lo más importante es el interés general".

Además, la norma establece requisitos de soberanía digital para los sistemas de información de categoría alta según el Esquema Nacional de Seguridad y, entre otras garantías, según explica el Ministerio, se exigirá la permanencia de los datos más sensibles en el espacio económico europeo.

Por su parte, Spain DC ha anunciado que recurrirá judicialmente el Real Decreto y solicitará su suspensión cautelar al considerar que la norma impone condiciones de imposible cumplimiento que, en la práctica, suponen un veto de facto al desarrollo de nuevos centros de datos en España y que ponen en riesgo 66.900 millones de euros de inversión potencial hasta 2030.

"Es incomprensible que un Gobierno que dice defender la soberanía digital apruebe una norma que amenaza precisamente las infraestructuras que la hacen posible. No vamos a aceptarlo. Recurriremos el decreto y pediremos a los tribunales que suspendan su aplicación”, ha afirmado el presidente de Spain DC, Emilio Díaz.

También ha criticado que esta regulación obliga a elegir entre requisitos inviables de adicionalidad y correlación horaria o aceptar desconexiones prioritarias incompatibles con el funcionamiento continuo de infraestructuras críticas, todo ello pese a las reiteradas advertencias del sector y de organismos como la CNMC y sin que Aagesen se haya reunido ni una sola vez con esta asociación.

El Partido Popular (PP) ha avanzado que derogará el real decreto al considerar que prohíbe en la práctica la instalación de centros de datos, lo que implica que España quede aislada del resto del mundo y de la revolución tecnológica, ha dicho el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del partido, Alberto Nadal, en un 'post' en X.

Por otro lado, Multinacionales con España, asociación que agrupa a más de 50 empresas de capital extranjero en el país, valora positivamente que el Gobierno haya incorporado modificaciones que atienden algunas de las preocupaciones trasladadas por el sector, como la revisión de las obligaciones de soberanía digital o las flexibilizaciones introducidas en materia energética, que amplían las alternativas disponibles para cumplir los requisitos.

No obstante, consideran que la exigencia de respaldar el 80 % del consumo eléctrico con generación renovable y cumplir criterios de correlación horaria puede plantear dificultades técnicas y económicas para infraestructuras que necesitan operar de forma ininterrumpida. EFE

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