
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha señalado que son 113.326 las personas afectadas por la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto para nacionalizados por la 'ley de nietos' que no han acreditado que son descendientes de exiliados y que, por tanto, no podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre.
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y que "ha sido sometido a la supervisión de la Junta Electoral Central".
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La Abogacía del Estado, en nombre del INE, indica que del listado nominal elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, "a 1 de agosto" había registradas 163.355 personas que adquirieron la nacionalidad española en aplicación de la denominada 'ley de nietos', una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática que permite conseguir la nacionalidad a descendientes de exiliados.
Y recuerda que, dentro de ese listado, se certificó que 901 personas acreditaron la condición de exilio, por lo que sí podrán depositar su voto en estas elecciones generales.
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Los servicios jurídicos añaden que, como indicó en un informe la Oficina del Censo Electoral, de los 163.355 registros se excluyeron 9.707 registros correspondientes a personas menores de edad en la fecha de votación o cuya adquisición de la nacionalidad es posterior a la fecha de cierre del censo electoral vigente --1 de agosto-- para estas elecciones, "quedando entonces 153.648 registros".
"Como resultado de las comprobaciones realizadas, se identificaron 117.723 registros en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)", agrega, para señalar que, "tras el contraste con los 901 certificados emitidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores, se comprobó que 729 figuraban en el CERA, quedando 116.994 registros".
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IUSTITIA EUROPA PIDE IDENTIFICAR TRASLADOS DEL CERA AL CER
A ello, el INE añade que, después de las "oportunas comprobaciones" a fin de "depurar posibles duplicidades", se obtuvo un registro de 114.799 electores.
No obstante, puntualiza que "aunque en el informe de 5 de noviembre se comprobó que procedía la exclusión de 1.283 de estos electores porque tenían una fecha de inscripción en el Censo Electoral anterior a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática" en 2022, "quedando 113.516 registros, en el informe de 11 de noviembre se constata que 190 de los electores incluidos inicialmente contaban también con una inscripción anterior en el censo electoral, previa a la entrada en vigor".
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De tal forma que, según cuantifica, "la cifra final de los electores afectados por la suspensión acordada como medida cautelar es de 113.326".
Por su parte, el partido Iustitia Europa ha señalado en una nota de prensa que el Ministerio de Asuntos Exteriores facilitó inicialmente 163.355 registros, quedaron en 153.648 y ahora el INE "únicamente identifica 117.723" en el CERA, remarcando la existencia de 35.925 que no aparecen en el censo de españoles en el extranjero.
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De ahí que la formación liderada por el abogado Luis María Pardo "exige conocer su situación censal individualizada y advierte de que si alguno de estos registros corresponde a electores comprendidos en las medidas cautelares, sus efectos electorales deben quedar suspendidos conforme a lo ordenado por el Supremo, tanto si figuran en el CERA como si han sido trasladados al Censo Electoral de Residentes en España (CER), en los términos que alcance la resolución judicial".
Así, el partido, personado en el proceso, avanza que pedirá al Supremo que el INE "explique la situación censal" de estos registros; que "se identifiquen los posibles traslados del CERA al CER en sus fechas"; que se acredite el procedimiento efectivo de separación y exclusión de los votos suspendidos, y que el alto tribunal "pueda verificar el cumplimiento íntegro de sus resoluciones antes de las elecciones del 29 de noviembre".
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