Juzgan a 17 acusados del caso 3% por irregularidades en contratos públicos de Cataluña

Madrid, 15 nov (EFE).- La Audiencia Nacional iniciará este lunes el juicio a 17 acusados de una rama del caso 3 % por supuestas irregularidades en adjudicaciones de organismos públicos de Cataluña a través de un cártel de empresas que pactaba los precios para asegurarse contratos de infraestructuras entre 2008 y 2015.

La Fiscalía Anticorrupción pide en sus conclusiones provisionales penas que oscilan entre los seis años y tres meses y los ocho años y nueve meses de prisión para los acusados como presuntos autores de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones y prevaricación.

Entre los acusados se encuentran Josep Lluís Quer y Josep Antoni Rosell, que desempeñaban los cargos de presidente y director general, respectivamente, de la empresa pública Gestió d'Infraestructures S.A.U. (GISA), luego denominada Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U..

En su escrito de acusación el fiscal relata que ciertas compañías configuraron en torno a la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (Asinca) "un cártel que denominaron 'Nuria Bofill' para pactar los precios en los concursos licitados por ciertas administraciones y sociedades públicas y así "excluir a otros competidores".

En connivencia con Josep Lluís Quer y Josep Antonio Rosell obtenían así "contratos más beneficiosos que los que habrían logrado en condiciones de igualdad si cada mercantil hubiese preparado sus ofertas de forma totalmente independiente", agrega.

Los miembros del cártel se pusieron de acuerdo para defraudar fundamentalmente a GISA pero el pacto afectó también a otros organismos públicos.

En concreto la Fiscalía menciona a Regs de Catalunya S.A. (Regsa), Agencia Catalana del Agua (ACA), Aigües del Ter Llobregat (ATLL), Ayuntamiento de Barcelona, Consorcio de Aigües de Tarragona (CAT), Túnels i Accesos de Barcelona S.A.C. (Tabasa), Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) y Servicio Territorial de Carreteras y Ferrocarriles de la Generalitat.

"Quer y Rosell manipulaban todo el proceso de adjudicación de contratos y generaron un paso nuevo para la valoración de ofertas que solo dependía de ellos y una vez que conseguían que la propuesta que se elevaba a la mesa de contratación era la que deseaban influían decisivamente en los miembros de la misma para conseguir su aprobación", añade.

Indica que en Asinca los líderes y dinamizadores del pacto eran los acusados Josep Narcís A.F. y Tomás B.C.

La mayoría de los restantes acusados eran directivos de empresas de ingeniería, miembros del pacto 'Nuria Bofill' licitadores de concursos públicos.

La Fiscalía concluye que "resultó perjudicado el patrimonio público porque las empresas decidían, bajo el control de Quer y Rosell, en qué nivel quedaría situado el precio de adjudicación".

El escrito del fiscal relaciona nueve expedientes de contrataciones públicas que se adjudicaron a través de esta actividad ilícita por un total de 5.585.325 euros.

Eran contratos para proyectos de construcción y mejoras de carreteras en Sant Julià de Ramis, en el eje de Llobregat, la variante de Gandesa, desdoblamientos entre Sant Llorenç d'Hortons y Martorell y en Manresa.

Además, contratos para la realización de un estudio de prolongación de la línea de los Ferrocarriles de la Generalitat Llobregat-Anoia para el tramo Plaza de España-Gracia, proyecto de construcción y dirección de obras del proyecto de prolongación de la línea ferroviaria en Sabadell y la extensión de líneas del Metro de Barcelona. EFE