Blanca Escribano
València, 15 nov (EFE).- Las sanciones a abogados por presentar escritos judiciales con citas inventadas o erróneas generadas por inteligencia artificial evidencian el "desfase" entre la rapidez con que avanza la IA y la formación necesaria, una situación evitable, según tres expertos consultados por EFE, con verificación, supervisión y responsabilidad para preservar la credibilidad de la abogacía.
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Los tribunales superiores de Justicia de Canarias y Galicia han advertido de las consecuencias de un mal uso de la IA con multas económicas de 420 y 1.800 euros, respectivamente, por incluir incoherencias y citas falsas, que hacían referencia a sentencias inexistentes, mientras que en otros casos, como Navarra, el expediente se archivó después de que el letrado reconociera el error y pidiera disculpas.
Estas resoluciones ponen el foco en la imposición de una sanción por mala fe procesal, lo que, para Rosa Cernada, profesora de Derecho Administrativo y Procesal de la Universitat de València, significa que se está "objetivizando esta cuestión", ya que, "tradicionalmente, la buena y la mala fe tienen que ver con lo que se sabe que se está haciendo o no; es decir, si se hace a propósito o no".
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En este caso, "si tú utilizas inteligencia artificial y no controlas, no compruebas y no hay una supervisión humana, tú eres responsable, hayas querido o no hayas querido", analiza Cernada en una entrevista con EFE, en la que identifica que hay tres 'escalones' en este nuevo abanico tecnológico: un error menor que "le puede pasar a cualquier profesional", una negligencia por utilizar la IA sin revisión y una intención de "intentar engañar al tribunal".
"¿Dónde marcas la línea entre la mala fe y la negligencia? No es lo mismo intentar colar una sentencia para tener una posición de ventaja, pensando que el juzgador no va a tener el suficiente tiempo de contrastarlo, que hacerlo porque, por falta de tiempo, no lo has revisado", reflexiona con EFE Álvaro Orts, abogado experto en privacidad y miembro de la Sección de Derecho Digital y Legaltech del Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia (ICAV).
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Por ello, Orts destaca que algunos juzgados han decidido ser "ejemplarizantes" en sus sanciones, que pueden variar desde los 600 hasta los 6.000 euros según el artículo 75.4 de la Ley de la Jurisdicción Social (LJS), mientras que otros solo han dado "un toque de atención".
Junto con Cernada, las profesoras de Derecho Administrativo y Procesal de la Universitat de València Ana Montesinos y Elisa Simó han coordinado la elaboración del 'Libro Blanco Sobre Inteligencia Artificial y Abogacía', una guía técnica, jurídica y deontológica fruto de la colaboración entre la UV, el Colegio General de la Abogacía Española y el ICAV, en el marco de las actividades impulsadas por Red.es.
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"El libro concluye con una especie de catálogo de cinco recomendaciones básica que pueden resumirse en responsabilidad, formación y capacitación, supervisión humana, protección de la confidencialidad y la privacidad y ser consciente de que la IA es una herramienta instrumental", explica Montesinos a EFE.
Cernada y Montesinos destacan que el Colegio General de la Abogacía Española ha tomado una decisión "muy valiente y visionaria", una práctica que no se está dando en el resto de Europa, y subrayan la importancia de colaborar con las universidades para "poder acompañar el ejercicio de una abogacía consciente, eficiente y de acuerdo con el código deontológico".
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Los tres expertos consultados aseguran que los sistemas de IA pueden proporcionar "ventajas enormes" y suplir muchas de las "tareas diarias" más repetitivas, burocráticas y relacionadas con "una cantidad ingente de documentación", lo que "liberaría" al abogado para poder dedicarse "a lo que realmente importa", pero advierten de que todo hay que hacerlo "con criterio y principios".
Orts señala que los profesionales deben conocer las condiciones y las licencias de las herramientas tecnológicas que utilizan -tanto si son especializadas en el ámbito jurídico como generalistas- y puntualiza que ninguna de ellas está exenta de errores o "alucinaciones", así como que siempre es recomendable evitar la inclusión de datos personales y trabajar con documentos anonimizados.
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Entre las tareas que la IA no podría sustituir, inciden en que la abogacía es "una relación personal, no solo profesional", lo que conlleva "entender la psicología de la persona a la que vas a defender", especialmente cuando entra en juego los menores o personas vulnerables.
Destacan que las "competencias blandas" permiten al abogado "entender qué es lo mejor para el cliente, aunque no sea lo más racional, porque la IA son matemáticas", explica Cernada: "Ese es el arte de la abogacía", añade.
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"Me da miedo que los jóvenes que empiezan con la profesión pierdan oportunidades de desarrollar habilidades esenciales al delegar prematuramente tareas a la IA que forman parte de su aprendizaje", lamenta Montesinos; los tres expertos inciden en que "lo que te presenta la IA es tan razonable que tienes que estar más formada y tener más criterio para hacerlo mejor".
Asimismo, otro de los riesgos de este mal uso "genera responsabilidad en todo el sistema", tanto en el cliente, cuya confianza puede ser traicionada y cuya defensa se puede ver mermada, como al servicio público de justicia.
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Y es que el tiempo que un juez o una jueza "dedica a revisar que tú esto no lo has hecho bien -advierten- se lo está restando de otros justiciables y otros conflictos jurídicos". EFE
(foto)
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