
Unas 250 mujeres aspirantes a ingresar en la Policía Nacional han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el sistema de calificación de las pruebas de acceso al cuerpo al considerar que establece un doble filtro físico que discrimina a las opositoras y limita sus posibilidades de obtener una plaza.
El recurso, dirigido contra el Ministerio del Interior y el ministro Fernando Grande-Marlaska, lo ha interpuesto el despacho de abogados Suárez-Valdés, en representación de las opositoras, y se tramita ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM.
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Las recurrentes sostienen que la Administración aplica una operativa que primero diferencia las pruebas físicas de hombres y mujeres, con ejercicios y baremos distintos para favorecer la incorporación femenina, pero posteriormente vuelve a comparar sus resultados mediante un sumatorio conjunto de las calificaciones de la oposición.
A su juicio, esta fórmula supone "una discriminación indirecta por razón de sexo", ya que obliga a las mujeres a competir nuevamente en términos físicos con los hombres pese a haber realizado pruebas diferentes. Consideran que esta interpretación de las bases de la convocatoria vulnera "el principio constitucional de igualdad y las políticas de acción positiva para incrementar la presencia femenina en el cuerpo".
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DATOS DE ANTERIORES PROCESOS
Como respaldo de su argumentación, la demanda incorpora datos estadísticos de anteriores procesos selectivos. En concreto, señala que, de los 429 aspirantes declarados no aptos tras la aplicación del sumatorio final, 235 eran mujeres (el 54,78%) frente a 194 hombres (el 45,22%).
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Además, sostiene que el 24,66% de las mujeres que habían superado la prueba psicotécnica fueron posteriormente excluidas en la calificación conjunta, frente al 9,31% de los hombres. Según los cálculos de las recurrentes, el porcentaje de mujeres descartadas por este sistema fue un 264,88% superior al de los varones.
La demanda también cuestiona la nota de corte de la prueba psicotécnica, fijada en 4,75 puntos por el tribunal de selección, al considerar que se estableció de forma arbitraria y sin una justificación técnica suficiente, en contra de lo previsto en las bases de la convocatoria.
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Las opositoras defienden que las pruebas físicas diferenciadas tienen precisamente como finalidad evitar que las mujeres tengan que competir en igualdad de marcas con los hombres en ejercicios en los que parten de una desventaja física.
En este sentido, recuerdan que mientras a los aspirantes varones se les exige realizar dominadas, las mujeres deben mantenerse suspendidas en una barra durante el mayor tiempo posible, con sistemas de evaluación también distintos.
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Por ello, consideran que integrar posteriormente las calificaciones de ambos ejercicios en un mismo sumatorio desvirtúa la finalidad de las pruebas diferenciadas y perjudica especialmente a las mujeres.
El escrito sostiene que esta práctica resulta contraria al artículo 14 de la Constitución, que consagra el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, así como a la normativa estatal y europea en materia de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público.
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Las recurrentes solicitan la nulidad o anulación de la resolución impugnada y que se retrotraiga el proceso selectivo para recalcular la nota de corte de la prueba psicotécnica, modificar la relación de aspirantes aptos y reasignar las plazas de policías alumnos.
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