El juez plantea causa por desobediencia de la Casa de Alba en el desprecinto de unos pozos

Sevilla, 12 nov (EFE).- El Juzgado que ha investigado pozos no autorizados administrativamente en la finca Aljóbar de Aznalcázar (Sevilla) de la Casa de Alba, ubicada en el entorno de Doñana, ha planteado un posible procedimiento separado tras revelarse que dichas captaciones de agua pudieron ser desprecintadas antes de una orden judicial.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor, Plaza 1, ha acordado en concreto deducir testimonio de parte de las actuaciones por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial o quebrantamiento de medida cautelar, según recoge una providencia a la que ha tenido acceso EFE este jueves.

Una vez que se formule dicho testimonio, el juez ha ordenado que se remita al Decanato del Tribunal de Instancia para su reparto a la plaza que corresponda como asunto penal, indica la resolución, contra la que cabe recurso.

Este nuevo paso judicial tiene su origen en un atestado del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en el que la Guardia Civil constató que la empresa Eurotécnica Agraria, vinculada a la Casa de Alba, habría desprecintado pozos antes de que el juzgado que investigaba estas captaciones de agua lo hubiera autorizado.

El atestado, al que también tuvo acceso EFE, documentaba la intervención para dar cumplimiento al auto judicial que ordenaba precisamente el desprecinto de nueve pozos.

Dicha medida, dictada el pasado 10 de septiembre por el Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor, pretendía levantar unas medidas cautelares impuestas previamente.

Sin embargo, al personarse los agentes el 22 de septiembre, constataron que el desprecinto oficial no se podía llevar a cabo de manera real porque los pozos ya se encontrarían en funcionamiento y con elementos de extracción instalados.

Este mismo juzgado ya desestimó los recursos de reforma presentados por la Fiscalía y Ecologistas en Acción contra el archivo de la causa que investigaba los pozos, al entender que no se había acreditado que las extracciones de agua causaran peligro grave al medio ambiente. EFE