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Madrid, 9 nov (EFE).- El Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos que oscilan entre el 52 % y el 85 % para los vuelos que conecten la península con Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla en la jornada de huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre.
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Así consta en la resolución del ministerio, publicada este lunes, que detalla que para el día de la huelga general, se prevén 4.600 movimientos, con una oferta cercana a los 780.000 asientos, por lo que atendiendo a los factores de ocupación previstos se podrían ver afectados más de 663.000 pasajeros.
Para calcular los servicios mínimos se diferencian tres tipos de vuelos: domésticos hacia o desde territorios no peninsulares; domésticos peninsulares cuyo tiempo de desplazamiento en transporte público sea superior a cinco horas e internacionales; y domésticos peninsulares cuyo tiempo de desplazamiento en transporte público sea inferior a cinco horas.
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En el primer caso, para vuelos nacionales con Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y también las rutas peninsulares con obligación de servicio público (como las de Badajoz con Madrid o Barcelona), se recibe la misma protección porque el avión es insustituible para esos territorios.
Por ello, Transportes protege al 90 % del pasaje y ello supone unos servicios mínimos de entre el 52 % y el 85 %.
En el segundo caso, que incluye todos los vuelos entre España y el extranjero, y las rutas peninsulares cuya alternativa en transporte público supera las 5 horas, es decir, unos 500 kilómetros, se busca reubicar al 65 % de los pasajeros, son unos servicios mínimos que oscilan entre el 39 % y el 64 %.
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Y por último, los vuelos entre ciudades peninsulares con alternativa de tren o autobús por debajo de 5 horas, se mantiene un mínimo para los pasajeros que conectan con vuelos de largo radio o que viajan de ida y vuelta en el día.
Así, se busca reubicar al 40 % de los pasajeros y ello exige unos servicios mínimos de entre el 18 % y el 37 %, aunque en la mayoría de los aeropuertos se han situado en el 32 %.
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La resolución añade que se protegen el 100 % de los vuelos de emergencia y de Estado, como ambulancias, antiincendios, transporte de órganos para el Sistema Nacional de Trasplantes, vigilancia, protección civil y rescate.
Y también los vuelos específicos del Ministerio del Interior con ciudadanos extranjeros y los policías que los custodian, así como todos los que crucen el espacio aéreo español sin que su origen ni su destino estén en España.
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Respecto al personal y en el caso la composición de la tripulación de vuelo de los vuelos protegidos, la resolución no especifica porcentajes pero sí aclara que no podrá ser inferior a los mínimos establecidos en el manual de vuelo de la aeronave y en el manual de operaciones del operador.
En el caso de los bomberos, la dotación necesaria para mantener la categoría del aeropuerto; en el de los auxiliares de control de pasaportes, los necesarios para que la espera media no supere los 30 minutos; y en el de los auxiliares de seguridad, los mismos mínimos que fije Interior para la seguridad privada.
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En los servicios dirigidos a los pasajeros, la resolución fija los mínimos más altos en la asistencia a personas con movilidad reducida y en el servicio médico de los aeropuertos, ambos con el 75 % de la plantilla programada.
La restauración en la zona restringida, tras los controles de seguridad, deberá funcionar con el 30 % del personal, mientras que en limpieza los mínimos son del 50 % para los aseos, las dependencias técnicas y el exterior de las terminales en el lado aire, y del 25 % para el resto de zonas públicas interiores y el lado tierra.
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En el ámbito técnico, Transportes establece el 50 % de la plantilla para el mantenimiento de instalaciones electromecánicas y eléctricas, las redes y sistemas informáticos, el control de fauna y supervisión del vallado, la gestión de residuos y el resto de servicios aeroportuarios.
Para las instalaciones de alta y baja tensión, los sistemas de alimentación ininterrumpida, los grupos electrógenos y el balizamiento, la resolución exige dos personas por turno, como marca la normativa de riesgo eléctrico, aunque podrá reducirse a una si la instalación cuenta con un estudio de seguridad aprobado. EFE
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