La jueza de la dana rechaza diligencias sobre Aldaia: no hubo víctimas por una orden de retirar vehículos de las calles

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha rechazado acordar una serie de diligencias que había solicitado una acusación particular sobre el Ayuntamiento de Aldaia, tras la declaración como testigo del alcalde de la localidad, Guillermo Luján, al subrayar que no hubo fallecidos por una orden de retirar los vehículos de las calles y porque esa petición "soslaya que las funciones que se atribuyen a los Ayuntamientos han de vincularse igualmente con las distintas fases de la emergencia conforme al Plan Especial ante el riesgo de inundaciones".

Así lo señala en un auto de este 9 de noviembre, consultado por Europa Press, tras la petición de una acusación particular, sobre la cual la magistrada considera que no tiene legitimación activa para realizar la petición al ser diligencias de prueba desconectadas con los fallecimientos por los que está personada en la causa, ocurridos en Catarroja y Paiporta.

En Aldaia murieron seis personas, cuatro de ellas en sus propios domicilios y otras dos en los garajes. "Ninguna falleció como consecuencia de una orden de retirada de los vehículos de las calles. El confinamiento no es la medida que se ha de aplicar en zonas de riesgo (bajos y garajes), sino la medida opuesta. Cuatro de los fallecidos en la localidad de Aldaia perecieron precisamente en sus propios domicilios", señala la magistrada.

En este sentido, añade que esto se debe conectar con el momento en que se produjeron los fallecimientos y los diversos niveles, 0, 1 y 2, en la gestión de la emergencia. En su declaración testifical, el alcalde afirmó cómo el desbordamiento letal se produjo a partir de las 20.00 horas, "momento en que saltó el agua por encima del dique que se conoce como "cunetó", y que, a partir de dicho momento, el agua tardaría una media hora en llegar al casco urbano".

Sobre las 19.00 horas se declaró la situación 2 para toda la provincia de Valencia, "lo que supone una insuficiencia de medios locales, por sí solos, para hacer frente a la emergencia".

La acusación pedía, entre otras cuestiones, el Libro de Novedades y Registro de Comunicaciones de la Policía Local de Aldaia correspondiente al 29 de octubre de 2024, especificando las órdenes emitidas por la Alcaldía respecto al uso de megafonía, corte de vías, retirada o desplazamiento de vehículos, e intervenciones de auxilio.

GESTIÓN DE ALERTAS

También requerir un oficio a la secretaría del Ayuntamiento para que identificara "formalmente" al técnico/a municipal de Protección Civil o responsable del Área de Emergencias que intervino en la elaboración del Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Inundaciones (PAM IN) y en la gestión de las alertas el 29O y que le citara a declarar en calidad de testigo.

Al respecto, la magistrada afirma que la acusación particular carece de legitimación para el ejercicio de acciones penales respecto de una presunta imprudencia grave cometida en la localidad de Aldaia, y que se atribuye a lo que se denomina "autoridad municipal" y tampoco ostenta la condición de acusación popular. Y no puede, por lo tanto, solicitar diligencias de prueba centradas en la localidad de Aldaia, "desconectadas con los fallecimientos que pretende investigar, y respecto de los cuales está personado en el ejercicio de la accion penal".

A la falta de legitimación activa, suma el que la referencia genérica a la "autoridad municipal" tampoco puede constituir título de imputación. "Se ha de identificar personalmente, con expresa designación si así lo creyera, del Alcalde (no se le cita con su nombre, ni su cargo), de los integrantes de la corporación, o de quien estime pertinente, como responsable del presunto hecho delictivo", añade la magistrada.

Por otro lado, subraya que la falta de aprobación del PAM IN, el primero de los presupuestos de la atribución de imprudencia grave por la acusación particular, "no puede constituir base en la imputación de los fallecimientos". "Se precisaban alertas y comunicaciones precisas, destinadas a los diversos municipios, y un control efectivo de las fuentes de riesgo, dado que el riesgo de la inundación, por su evolución y gravedad, requería que se extendiera la vigilancia de los barrancos, de manera extensa y permanente", sostiene.

Además, apunta que se está a la espera de que el alcalde aporte determinada documentación, a petición de las partes, referente a la intervención en un pleno extraordinario del Ayuntamiento en relación con los hechos del día 29O, informes de la Policía Local sobre las incidencias ocurridas, avisos a la población por redes sociales realizados por el Ayuntamiento, y los whatsapps internos del consistorio en relación con la emergencia.