La familia de un trabajador muerto por amianto reclama 239.401 euros a Metro de Barcelona

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Barcelona, 26 oct (EFE).- La familia del primer trabajador del Metro de Barcelona cuya muerte fue reconocida judicialmente como consecuencia de la exposición al amianto reclama a la empresa una indemnización de 239.401 euros al considerar que "incumplió sus obligaciones de seguridad y prevención".

Según ha explicado en un comunicado este lunes el Col·lectiu Ronda, representante de la viuda y los hijos del difunto, el Juzgado de lo Social número 4 de Barcelona acogerá este miércoles el juicio por la demanda de daños y perjuicios presentada por la familia contra Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, encargada de gestionar y operar la red del Metro de Barcelona.

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La demanda tiene como antecedente la sentencia dictada en julio de 2022 por el Juzgado de lo Social número 8 de Barcelona, ​​confirmada íntegramente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en mayo de 2023, que estableció por primera vez que la muerte de un trabajador del Metro había sido causada por la exposición al amianto durante su actividad laboral.

El trabajador, que prestó servicios a la empresa entre 1988 y 2008 como técnico en instalaciones eléctricas y sistemas de señalización, falleció en 2019 a causa de un mesotelioma pleural, un cáncer agresivo vinculado a la inhalación de fibras de amianto.

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A pesar de que Metro de Barcelona negó la exposición, el TSJC concluyó que "existían pruebas suficientes" para relacionar la enfermedad y sus condiciones de trabajo en talleres, vagones, túneles e instalaciones.

El tribunal fundamentó además su decisión en que la compañía disponía de información sobre la presencia de material cancerígeno en la red desde al menos 1987, cuando "implementó medidas para gestionar la exposición al amianto", y que una evaluación de 1990 ya identificó fibras de amianto en los túneles.

Mientras que los pronunciamientos anteriores permitieron acreditar el origen profesional de la enfermedad, el juicio de este miércoles deberá determinar si la empresa adoptó las medidas preventivas para proteger la salud de la plantilla o si su actuación genera "responsabilidad indemnizatoria" por los daños ocasionados. EFE

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