Barcelona, 21 oct (EFE).- El Parlament ha acordado tramitar una proposición de ley de Junts para fijar un salario mínimo de referencia catalán que se incorporaría a través de la negociación colectiva en el sector privado y, además, sería de aplicación directa en la administración catalana.
El pleno ha dado luz verde a esta proposición de ley después de que PSC y Comuns hayan retirado las enmiendas a la totalidad que habían presentado a la propuesta, según la cual este salario mínimo se situaría en torno a los 1.400 euros.
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Así, ha prosperado con el 'sí' de todos los grupos salvo PP y Vox, que habían presentado enmiendas a la totalidad a la ley. Ahora, el texto pasará a estudiarse en comisión parlamentaria.
En el turno de defensa de la iniciativa, el diputado de Junts Joan Canadell ha defendido que Cataluña necesita un salario mínimo "superior a otras comunidades" por su mayor coste de la vida.
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"No podemos tener el mismo salario en Extremadura que en Cataluña, porque todos sabemos que no se puede vivir en Cataluña con 1.221 euros mensuales", ha asegurado.
La ley plantea un "acuerdo de país" para conseguir esta subida del salario mínimo, teniendo en cuenta que la competencia para fijar incrementos obligatorios es estatal y, por lo tanto, no puede decidirse desde Cataluña.
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Pero, para el PP, Cataluña no necesita un salario "escaparate", sino mejorar las cifras de "absentismo laboral" y las ofertas de las concesiones públicas para que las empresas puedan retribuir adecuadamente a los trabajadores, ha defendido la diputada Míriam Casanova.
La proposición de ley de Junts planteaba que, en los contratos públicos, se incorpore como criterio de adjudicación que las empresas paguen a sus empleados este salario.
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Desde Vox, el diputado Javier Ramírez ha señalado que, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores, la competencia para establecer el salario mínimo es del Gobierno, y ha criticado que Canadell haya dicho que "Cataluña no es Extremadura" porque, según él, eso implica diferenciar entre "españoles de primera y de segunda".
Pese a su voto a favor de la tramitación, el republicano Jordi Albert ha reprochado a Junts que su propuesta no da "seguridad jurídica" ni es obligatoria, por lo que cree que, durante el trámite parlamentario, habrá que cambiar la ley de "arriba abajo" para que no sea la Generalitat quien tenga que asumir las subidas mediante las ayudas que prevé la ley para las empresas afectadas.
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En términos parecidos se ha expresado el diputado de Comuns Lluís Mijoler, que ha advertido de que el salario mínimo de referencia no crea un "derecho general" para todos los trabajadores y ha pedido a Junts retirarla para negociar otra entre Govern y sindicatos: "Que nadie confunda nuestra decisión de no bloquear el debate con un aval al contenido de esta propuesta".
La socialista Conchi Jiménez alertado de que este salario mínimo sería solamente una "referencia" para el sector privado, mientras que en los ayuntamientos dependería de cada consistorio, razón por la que ha reclamado trabajarla mano a mano con los sindicatos. EFE
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