JUPOL, SUP y UFP rechazan los incidentes de Pamplona y cuestionan la "negligente gestión" de Delegación del Gobierno

Los sindicatos de la Policía Nacional JUPOL, SUP y UFP han manifestado este viernes su condena "más rotunda" ante los "graves desórdenes públicos" registrados el jueves en Pamplona en protestas contra una convocatoria del activista Vito Quiles y han criticado la "negligente gestión" de la Delegación del Gobierno en Navarra.

En concreto, en una nota conjunta, las organizaciones sindicales han censurado "duramente la decisión adoptada por la Delegación del Gobierno de trasladar la celebración del acto a la plaza de Yamaguchi, un espacio de paseo, descanso y convivencia cotidiana al que acuden diariamente numerosas familias con sus hijos, personas mayores y vecinos".

Según estas organizaciones, "trasladar un acto sometido a una elevada tensión política y con antecedentes claros de riesgo a un espacio urbano de estas características exigía una evaluación rigurosa y una planificación preventiva a la altura de las circunstancias". "Sin embargo, la gestión de la delegada de Gobierno y de sus asesores derivó en una situación de grave riesgo para la integridad física de ciudadanos ajenos al enfrentamiento, obligando a niños y familias a presenciar episodios de violencia y pánico", han afirmado.

JUPOL, SUP y UFP han asegurado que "la responsabilidad de la autoridad gubernativa no consiste únicamente en reaccionar cuando la violencia ya se ha desatado, sino en anticiparse, evaluar escenarios y tomar decisiones que impidan que ciudadanos inocentes sufran las consecuencias".

En ese sentido, han señalado que, "si existían indicios suficientes de que podían producirse graves alteraciones del orden público, resulta incomprensible situar el evento en un punto sensible en lugar de buscar una ubicación que permitiese aislar los focos de conflicto". "La seguridad ciudadana no puede quedar a merced de la incompetencia política. La responsabilidad de una delegada del Gobierno no termina cuando estalla el conflicto. Empieza precisamente por anticiparlo y evitar que los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, paguen las consecuencias de una planificación inadecuada", han afirmado.

En todo caso, las organizaciones sindicales han defendido que, "pese a contar con una escasez de efectivos frente a la magnitud de los altercados, los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) demostraron una enorme profesionalidad, serenidad y compromiso con la seguridad ciudadana". "Los agentes se convirtieron en el último eslabón de defensa de la ley y el orden, logrando cumplir su misión frente a la violencia desatada por los radicales", han sostenido.

JUPOL, SUP y UFP han afirmado que "la libertad de expresión y el derecho de reunión son derechos fundamentales que deben protegerse con independencia de la ideología de quien los ejerza, pero que en ningún caso amparan agresiones ni ataques a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Tras ello, han reclamado "explicaciones públicas, la asunción de responsabilidades a la Delegación del Gobierno y un refuerzo real de los medios y plantillas de la UIP". "Ninguna reivindicación política puede justificar que se ponga en peligro la integridad física de ciudadanos, familias y menores", han señalado.