Ayuso cierra la estación de Metro de Sol para limpiar por “condiciones de insalubridad”

La Comunidad de Madrid ha ordenado el cierre de la estación de Metro de Sol durante este viernes para realizar “trabajos de limpieza urgentes y de seguridad”, una medida que el Gobierno regional ha vinculado directamente con la acampada instalada en la plaza en protesta por la crisis de vivienda. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado los motivos en una entrevista en esRadio: “Lo han solicitado desde prevención de riesgos laborales y los sindicatos. Ahora mismo hay condiciones de insalubridad dentro”.

Un día antes, el propio Ejecutivo autonómico había asegurado que hay una “acumulación de orines, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos y accesos de ventilación” provocada, dijo, por las personas acampadas en el exterior de la boca de metro. Ayuso dice que “nadie” sabe lo que “se está sufriendo en el centro de Madrid”: que algunos vecinos no pueden “ir a comprar” o “a los restaurantes”.

Madrid cierra el Metro de Sol para limpiarlo

Dice, además, que el olor “está empezando ya a contaminar las salidas del Metro, las rendijas de respiración”, que hay dificultad para el paso de ambulancias —no se ha reportado ningún incidente en ese sentido—, y que los acampados “agreden a periodistas”. Apunta directamente a Pedro Sánchez: “Lo que ocurre en Madrid es Pedro Sánchez, que ha decidido que nos va a tener la ciudad reventada, atascada, incómoda porque no soporta que nos vaya bien y porque quiere demostrar la España que nos espera”.

La advertencia sobre “graves condiciones de salubridad” llegó por escrito el jueves, cuando el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, remitió una nueva carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, con un informe técnico elaborado por Laboratorios Himalaya.

El documento describe el proceso químico que se produce en espacios cerrados con acumulación de orina: “En un recinto cerrado donde se acumulan orines, la combinación de evaporación natural, descomposición bacteriana y falta de ventilación genera una mezcla compleja de gases, vapores y aerosoles orgánicos e inorgánicos. El proceso principal se debe a la fermentación ureal: bacterias ambientales (productoras de la enzima ureasa) descomponen rápidamente la urea de la orina”, recoge la carta del consejero. El propio Rodrigo ha subrayado el riesgo para quienes realicen las tareas de limpieza: “Hay que tener en cuenta que nos encontramos ante gases altamente tóxicos y neumotóxicos, tal y como señala el mismo informe”.

El PP-M quiere desalojar la acampada

El Partido Popular de Madrid (PP-M) ha intentado desalojar la acampada en la Puerta del Sol por todas las vías: desde que se instaló el 26 de septiembre, la Comunidad de Madrid la ha calificado de “absolutamente ilegal” y ha recurrido tanto a los tribunales como a la Fiscalía para lograr su fin.

Las denuncias han ido desde los “cuchillos de grandes dimensiones” (aquello del hummus) y los adoquines que el alcalde José Luis Martínez-Almeida presentó como prueba de que la protesta no era pacífica, hasta la acusación de Isabel Díaz Ayuso sobre la supuesta presencia de “terroristas propalestinos gestionando la acampada”, en referencia a Samidoun, una organización perfectamente legal en España y, en cualquier caso, no tiene presencia confirmada en Sol.

Por la vía contencioso-administrativa, el Ejecutivo regional solicitó medidas cautelarísimas que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó el 7 de octubre, al considerar que no quedaba acreditada la inactividad de la Delegación del Gobierno. Una semana después, el 14 de octubre, la Comunidad presentó un recurso de reposición contra esa resolución.

Ese mismo día, el Ejecutivo autonómico denunció ante la Fiscalía expresiones como “Ayuso, payasa, okuparé tu casa” o “Ayuso muérete”, que considera posibles “delitos de odio”, además de amenazas e injurias graves. Las expresiones dirigidas contra Díaz Ayuso no encajarían, sin embargo, en el tipo penal de odio: el artículo 510 del Código Penal exige que la conducta esté motivada por razones “racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.