La Oficina del Censo Electoral cuenta ya con los datos de más de 70.000 españoles que han recibido la nacionalidad en virtud de la llamada 'ley de nietos' y que están afectados por la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho de voto a quienes no puedan demostrar descender de exiliados, según han informado fuentes de Exteriores a Europa Press.
Estos más de 70.000 datos nominativos corresponden a personas que han recibido la nacionalidad entre 2025 y 2026 y cuyos dosieres han sido tramitados mediante la plataforma informática DICIREG, el nuevo Registro Civil digital.
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Paralelamente, las citadas fuentes han indicado que desde Exteriores se han emitido "instrucciones reiteradas por vía telegrama a todos los consulados para poner todos los medios humanos y materiales para proceder con la máxima agilidad" en lo relativo a quienes vieron procesados sus expedientes antes de dicha fecha.
El objetivo, precisan las fuentes del departamento que encabeza José Manuel Albares, es que "se pueda identificar el máximo número de este grupo de electores antes de los comicios" que conforme a lo dictaminado por el Supremo sí que podrían votar el próximo 29 de noviembre si demuestran que descienden de exiliados.
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TODAVÍA HAY PLAZO
Asimismo, desde Exteriores recuerdan que el auto del Tribunal Supremo dio un plazo de cinco días, a partir del día siguiente a la publicación del mismo --el 13 de octubre-- para que "los interesados alegaran documentación que les permitiera permanecer como electores, plazo que no expirará hasta la próxima semana".
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El Supremo rechazó el pasado 12 de octubre el recurso presentado por el Gobierno para que se anularan las medidas cautelares que suspendían el derecho de voto a quienes hayan obtenido desde 2022 la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, a menos que pudieran demostrar que eran descendientes de exiliados.
De acuerdo con los datos aportados por la Abogacía del Estado en sus escritos, la suspensión del voto afecta a 163.020 personas que habían obtenido la nacionalidad española por la 'ley de nietos' y estaban inscritos en el censo electoral a 1 de agosto de 2026, fecha tope para el listado de electores que se usará para estas generales.
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