Los familiares denuncian el "atasco" del 'caso residencias' en los juzgados de Madrid

Madrid, 13 oct (EFE).- Las asociaciones de familiares Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia han denunciado "el enorme atasco", "la desidia" y "las dilaciones inaceptables" de algunos juzgados en la investigación de los presuntos delitos de prevaricación y discriminación en el acceso a la prestación sanitaria en las muertes de personas mayores durante la pandemia.

Seis años después de los hechos y dos años después de la presentación de una macrodenuncia ante la Fiscalía de Madrid por 109 familiares (en octubre de 2024), los afectados han asegurado que si en España no encuentran justicia, están preparados para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El letrado Carlos Castillo ha explicado que hay 39 causas abiertas en Juzgados de Instrucción de la Comunidad de Madrid, 18 causas que están pendientes de recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Madrid, 14 que se encuentran ya en el Tribunal Constitucional recurridos los archivos -a las que se sumará otra más-, 10 procedimientos judiciales archivados por la Audiencia Provincial y otros tres procedimientos abiertos que no lleva este equipo de abogados.

En total, según Castillo, hay 118 denunciantes que siguen adelante con la causa de las residencias, de los cuales 109 interpusieron la macrodenuncia ante la Fiscalía de Madrid y los restantes emprendieron acciones legales de forma individual.

Este "maremágnum de causas" viene derivado de "la fragmentación inicial" que hizo en un primer momento la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, "una división que ha hecho que exista un enorme atasco y un retraso judicial que está lastrando la investigación", ha expuesto el abogado.

La consecuencia "más grave" es que el 8 de octubre de 2026 la Audiencia Provincial confirmó el archivo por prescripción de uno de los procedimientos, a pesar de que desde que se presentó la denuncia en el año 2024 solicitaron a los juzgados que actuaran lo más pronto posible, puesto que existía un riesgo de prescripción de los hechos.

Entre otros ejemplos de "inacción", ha citado que el Juzgado número 1 de Arganda del Rey ha tardado más de quince meses en resolver un "sencillo" recurso de reforma, el Juzgado número 5 de Navalcarnero aún no ha decidido sobre la incoación de diligencias previas en una querella presentada hace un año y medio y el Juzgado número 5 de Majadahonda tardó dieciséis meses en dar trámite a los recursos presentados por el querellante y el Ministerio Fiscal.

La letrada Alejandra Jacinto ha subrayado que el sistema judicial no está funcionando en este caso y está provocando "una doble victimización de las familias, primero por lo que pasó y ahora por no poder acceder a la tutela judicial efectiva con esas dilaciones inaceptables y esas prescripciones".

A día de hoy, ha sostenido Jacinto, "tenemos la percepción de que hay muchos juzgados que ni siquiera han entendido que estamos denunciando" los presuntos delitos de prevaricación y de discriminación en el acceso a la sanidad por cuatro vías.

La presidenta de la asociación '7.291: Verdad y Justicia', María Jesús Valero, ha expresado la disposición de los familiares a continuar la lucha mientras tengan fuerzas y ha lamentado que la justicia no esté dando la talla con 7.291 víctimas que fueron "abandonadas a una muerte cruel por una decisión política".

Carmen López, miembro de la plataforma Marea de Residencias, ha hecho hincapié en que seis años después de la pandemia no ha habido ni una sola vista y solamente ha habido unas diligencias previas que son "insuficientes" para acreditar que hubo una discriminación en el acceso a la sanidad. EFE