Ocho acusados por una trama inmobiliaria en Cantabria rebajan sus penas después de confesar: inflaban el precio de los pisos para lograr hipotecas fraudulentas

Una presunta trama inmobiliaria que operaba en la costa oriental de Cantabria habría aprovechado las dificultades económicas de varias personas para poner en marcha un sistema de compraventa de viviendas financiadas con préstamos hipotecarios obtenidos de manera fraudulenta. Los inmuebles se adquirían a precios supuestamente inflados y después se alquilaban, pero las cuotas de las hipotecas dejaban de abonarse pocos meses después de formalizar las operaciones. El caso ha llegado ahora a la Audiencia Provincial de Cantabria, donde ocho de los diez acusados han aceptado una rebaja de sus condenas al reconocer los hechos.

El juicio ha comenzado este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial con una primera sesión centrada en las declaraciones de los ocho procesados que han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía. La conformidad permitirá reducir las penas que solicitaba inicialmente el ministerio público, que reclamaba seis años de prisión para tres de ellos y cinco años para los demás. Tras el pacto, las condenas previstas se rebajan a tres y dos años de cárcel, respectivamente.

Pero el procedimiento no se ha cerrado con este acuerdo. La presunta principal responsable de la trama y su hijo, considerados por la acusación como piezas relevantes de la organización, no han aceptado la conformidad y tendrán que responder a las acusaciones durante el proceso judicial. La vista oral continuará hasta el próximo 6 de noviembre, según las previsiones.

1,5 millones con pisos e hipotecas fraudulentas

Según la Fiscalía, la mujer acusada de dirigir la trama desempeñaba un papel central en las compraventas. Su función consistía en localizar viviendas y presentarse como intermediaria inmobiliaria, mientras que las personas que figuraban como compradores eran, presuntamente, ciudadanos que atravesaban problemas económicos. Además, su hijo habría participado en las operaciones como colaborador y conocedor de las actuaciones investigadas.

El sistema se habría apoyado en la financiación bancaria para llevar a cabo las adquisiciones. Según el escrito de acusación, los precios de los inmuebles se incrementaban artificialmente durante las negociaciones, lo que permitía desarrollar operaciones que, de acuerdo con la tesis del ministerio público, se sustentaban en documentación y condiciones fraudulentas para conseguir los préstamos.

La investigación recoge doce compraventas de viviendas y siete créditos personales presuntamente vinculados a la actividad de la red. Por las primeras operaciones, la Fiscalía calcula que se obtuvieron alrededor de 1,3 millones de euros, mientras que los préstamos personales habrían proporcionado otros 194.000 euros. En conjunto, las cantidades investigadas rondan los 1,5 millones de euros.

Asimismo, las operaciones se habrían realizado en municipios cántabros como Colindres, Laredo y Castro Urdiales. Una vez formalizada la adquisición, los pisos se destinaban al alquiler, aunque las cuotas de los préstamos hipotecarios dejaban de pagarse al cabo de unos meses, según la acusación.

Por esto, el ministerio público atribuye a los procesados delitos de estafa agravada, falsificación y receptación. Para la presunta cabecilla solicita diez años de prisión, una multa de 8.640 euros y quince años de inhabilitación para ejercer actividades profesionales de intermediación inmobiliaria y financiera. Para su hijo reclama cuatro años de cárcel por su supuesta colaboración.

“Firma aquí y firma aquí”

Las declaraciones de los ocho acusados que han pactado una rebaja de sus penas han permitido conocer cómo se desarrollaban las operaciones desde la perspectiva de quienes aparecían como compradores de las viviendas. Todos han coincidido en que la presunta cabecilla era quien gestionaba las compraventas. Según sus testimonios, ellos le facilitaban sus documentos personales y era ella quien se ocupaba de negociar tanto con los propietarios de los inmuebles como con las entidades financieras. Su intervención se limitaba, en buena medida, a acudir a la notaría para firmar los documentos, acompañados por la mujer.

Una de las acusadas ha resumido esa dinámica con una expresión que, según su declaración, describía las instrucciones que recibía durante el proceso. “Firma aquí y firma aquí”. La misma procesada ha reconocido que nunca llegó a percibir el alquiler de la vivienda que había adquirido mediante este procedimiento.

Los ocho han explicado también que atravesaban situaciones personales complicadas cuando ocurrieron los hechos, entre 2017 y 2018. Entre las circunstancias mencionadas figuran el desempleo, la depresión y el seguimiento de tratamientos psicológicos. Uno de los acusados ha descrito la posibilidad de obtener dinero mediante estas operaciones como una vía “fácil y rápida”.

A cambio de participar en las compraventas, los compradores habrían recibido cantidades en efectivo de entre 1.000 y 3.500 euros. Según sus declaraciones, no eran ellos quienes se encargaban de organizar las operaciones financieras ni de negociar los términos de las adquisiciones.

Los procesados también han asegurado que no conocen al hijo de la mujer señalada como responsable de la trama. Sus testimonios forman parte de la versión de los acusados y deberán valorarse en el contexto del conjunto de las pruebas practicadas durante el juicio.

Discrepancias entre el dinero recibido y el declarado en los contratos

La primera sesión también ha incluido las declaraciones de seis testigos que habían vendido sus viviendas a través de la misma inmobiliaria. Sus testimonios han aportado detalles sobre las condiciones en las que se negociaron algunas de las operaciones investigadas y sobre las posibles diferencias entre las cantidades que figuraban en los documentos y las que realmente recibieron.

Algunos vendedores han explicado que desde la inmobiliaria les presentaron el incremento del precio de los inmuebles como una práctica habitual. Otros han relacionado las cantidades acordadas con el estado de las viviendas o han señalado que no advirtieron las diferencias en el momento de cerrar la operación.

Uno de los testimonios ha descrito cómo surgieron las sospechas. Una de las vendedoras ha relatado que tuvo dudas antes de firmar, aunque personas de su entorno la tranquilizaron y le aconsejaron que no se preocupara. Fue después de la compraventa cuando revisó los documentos y, entonces, comprobó que la documentación reflejaba que había recibido una cantidad superior a la que, según su versión, le habían entregado realmente. Ante esa discrepancia, decidió presentar una denuncia.

*Noticia elaborada con información de Europa Press.