La Sociedad de Epidemiología avisa que la crisis de vivienda es también de salud pública

Madrid, 8 oct (EFE).- La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha advertido este jueves de que la crisis de vivienda es también de salud pública, ya que los desahucios y la inseguridad residencial impactan en la salud mental, el coste de la vivienda obliga a reducir los gastos básicos y la turistificación fomenta el aislamiento social.

La sociedad científica ha elaborado un nuevo posicionamiento, "El derecho a una vivienda digna como derecho a la salud", en el que alerta de que las dificultades para acceder a una vivienda estable, segura y asequible tienen consecuencias directas sobre la salud física y mental y pueden agravar las desigualdades sociales.

En medio de las movilizaciones ciudadanas por el derecho a la vivienda tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que falleció ayer dos semanas después de haber sido desalojada por la fuerza de su casa, la SEE subraya que las condiciones del hogar, su coste y la posibilidad de perderlo influyen en el bienestar, en la capacidad para cubrir necesidades básicas o de desarrollar un proyecto de vida.

La relación entre vivienda y salud está ampliamente documentada: por ejemplo, la OMS ha constatado cómo las temperaturas extremas dentro del hogar, el hacinamiento y las humedades se asocian con una mayor carga de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, lesiones y problemas de salud mental.

También la amenaza de perder el hogar afecta a la salud: "Disponer de una vivienda estable proporciona a las personas seguridad, privacidad y arraigo", mientras quienes sufren procesos o amenazas de desahucio presentan peores indicadores de salud mental, como ansiedad, depresión y malestar psicológico, y también de salud física, resalta el posicionamiento.

A esta incertidumbre se suma la presión económica, y cuando el alquiler o la hipoteca absorben una parte excesiva de los ingresos, las familias pueden verse obligadas a reducir el gasto en alimentación, calefacción, suministros o medicamentos.

El documento argumenta también que la inseguridad residencial puede desembocar en exclusión residencial y sinhogarismo; en este sentido, las personas sin hogar afrontan una elevada carga de problemas de salud, mayor mortalidad prematura y barreras para mantener una atención sanitaria continuada, por lo que "evitar la pérdida de la vivienda y garantizar alternativas habitacionales estables son también medidas de prevención y promoción de la salud".

A todo ello se unen dos problemas crecientes, la turistificación y la gentrificación, que pueden desplazar a la población residente, transformar el comercio de proximidad y debilitar las redes vecinales.

"La pérdida de estos vínculos puede reducir el apoyo social y el sentido de pertenencia, y contribuir al aislamiento, la soledad no deseada y el desarraigo", afirma.

En zonas especialmente tensionadas, el precio de la vivienda "puede convertirse en una barrera para atraer y retener a profesionales sanitarios, docentes y de otros servicios públicos", lo que puede acabar afectando al funcionamiento de los servicios esenciales y a la equidad en el acceso a ellos.

Todo ello impacta especialmente sobre los hogares con menores ingresos y otros grupos vulnerables, por lo que los epidemiólogos consideran que las políticas de vivienda no pueden "limitarse a disponer de un techo", sino que deben "permitir vivir en condiciones dignas".

"Invertir en vivienda es invertir en salud, en barrios saludables, comunidades cohesionadas y en una sociedad con menos desigualdades en salud. Garantizar el derecho a la vivienda es también garantizar las condiciones necesarias para que el derecho a la salud pueda hacerse efectivo", concluye el posicionamiento. EFE