Madrid, 6 oct (EFE).- Una jueza de Madrid ha paralizado ocho desahucios de familias vulnerables en inmuebles pertenecientes a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) y a la Agencia de la Vivienda y el Suelo (AVS) basándose en la respuesta del Ayuntamiento de la capital al caso de Maricarmen.
En las providencias, la magistrada Raquel Catalá, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, señala que es "un hecho notorio la rápida respuesta y activación de la EMVS ante una situación de desahucio de estos días", en referencia al caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada de la casa en la que vivió durante más de setenta años en la capital.
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Así, antes de resolver sobre los desalojos planteados, la jueza requiere a las Administraciones públicas competentes que adopten "las medidas precautorias adecuadas y suficientes" para proteger los intereses habitacionales de los menores de edad y las personas en situación de vulnerabilidad que ocupan dichas viviendas.
Su voluntad es que los lanzamientos, en el caso de producirse, les causen "el menor impacto posible".
La jueza enfatiza que no puede autorizar "mecánicamente" la entrada en el domicilio para recuperar vivienda pública y rechaza que las soluciones de realojo material que se propongan sean las de asistencia ambulatoria a través de Samur Social.
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Concretamente, remarca que hay que superar esta "solución" porque pudiera darse el caso que no tengan ninguna alternativa habitacional o vivienda que ofrecer.
La magistrada indica que, según la página web municipal, "el Ayuntamiento de Madrid, a través de la EMVS, cuenta con un patrimonio de más de 10.000 viviendas destinadas a alquiler asequible", así como el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA).
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Argumenta, además, que "la inviolabilidad del domicilio es la forma fundamental de garantizar y preservar derechos", sin perjuicio de lo que se resuelva en estos procedimientos.
En las resoluciones, la jueza apela al Derecho de la Unión Europea y al Principio 19 del Pilar Europeo de Derechos Sociales para garantizar el acceso a una vivienda social o una ayuda a la de calidad, así como el derecho de las personas vulnerables a recibir protección frente a los desahucios forzosos.
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Por último, añade que el principio de equidad latente en la Constitución Española "impone frenar o modular las potestades públicas allí donde peligre la dignidad humana", como ocurre en estos casos. EFE
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