Un informe alerta del peso de las asociaciones en los nombramientos de la cúpula judicial

Madrid, 6 oct (EFE).- La Fundación 'Hay Derecho' alerta en su informe sobre la situación del Estado de derecho en España de la discrecionalidad en los nombramientos de la cúpula judicial y el peso de las asociaciones judiciales vinculadas a los principales partidos en el acceso a esos puestos.

Es una de las principales conclusiones del tercer informe que elabora esta Fundación y que analiza, entre otros aspectos, la situación del Poder Judicial en España con datos de 2024 y 2025.

El informe aborda la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y señala que el sistema ha consolidado una lógica de negociación entre partidos políticos, especialmente entre PSOE y PP, que ha afectado negativamente a la percepción de independencia del órgano.

E indica, en este sentido, que tras la renovación del CGPJ se nombró a los 20 vocales del Consejo, de manera que 10 de ellos fueron propuestos por el PP y los otros 10 por el PSOE.

Por su parte, destaca que de los 12 miembros judiciales, ocho están afiliados a asociaciones judiciales más o menos alineadas con el PP y el PSOE. Así, cinco pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y tres a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

Esto ilustra "la influencia de las dos asociaciones judiciales alineadas con los partidos del pacto en la selección de candidatos, orillando a los seis candidatos que presentó la segunda asociación judicial en número de asociados, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), y a los candidatos no asociados, lo que puede poner en duda la legitimidad representativa de los candidatos escogidos".

Por todo esto, la Fundación 'Hay Derecho' advierte del peso que las asociaciones judiciales tienen en la carrera judicial y en la dinámica de nombramientos y reclama que la reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial no se limite a sustituir la politización parlamentaria por una lógica puramente asociativa.

El informe aborda otro tipo de "injerencias" en la independencia del Poder Judicial, como determinadas declaraciones políticas que "minan" la confianza en la Justicia.

En este sentido, se refiere a la presencia creciente en el debate público del concepto de 'lawfare' y advierte de que la existencia de eventuales irregularidades judiciales debe abordarse mediante los mecanismos ordinarios de responsabilidad, recursos judiciales y control jurisdiccional, evitando convertir discrepancias procesales o políticas en una impugnación sistémica de la función jurisdiccional.

Detecta un clima creciente de polarización institucional y una intensificación de los ataques verbales dirigidos contra jueces o contra el Poder Judicial a raíz de procedimientos judiciales con gran trascendencia política y mediática.

Cita, en este punto, los "frecuentes" cuestionamientos a la labor del juez Peinado, que ha dirigido la instrucción de la causa contra la esposa del presidente del Gobierno y recoge las declaraciones del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En cuanto a la valoración de la judicatura sobre su propia independencia, el informe recoge los datos de la encuesta de la Red Europea de Consejos de Justicia de 2025, que revela que los jueces españoles valoran la independencia del conjunto de los jueces con un 8 sobre 10, una puntuación elevada aunque ligeramente inferior a la media europea (8,5).

Este dato contrasta, no obstante, con la valoración que hacen del propio CGPJ. Así, los jueces otorgan al CGPJ una puntuación de 3,4 sobre 10 en independencia, la más baja de todos los consejos de justicia europeos analizados.

Además, sólo el 20 % de los jueces cree que el Consejo dispone de mecanismos adecuados para proteger la independencia judicial, el porcentaje más bajo de toda la encuesta, frente a una media europea del 48 %.

Y sólo el 30 % de los jueces españoles siente que el Gobierno respeta su independencia, frente a una media europea del 51 %.

Por otra parte, el informe subraya que España cuenta con una de las ratios más bajas de jueces por habitante: 11,92 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a una mediana del Consejo de Europa de 17,43.

Y detalla que el CGPJ cifra en 367 las plazas que deberían convocarse anualmente con el fin de poder cubrir las vacantes por jubilación y fallecimiento que se vayan produciendo, algo que no ha ocurrido, de manera que las convocatorias ordinarias recientes cubren apenas el 32,7 % del mínimo anual estimado por el CGPJ.

También aborda la reforma emprendida por el Gobierno con la nueva ley de eficiencia de la Justicia, pero advierte de que aunque el cambio organizativo puede racionalizar la gestión de recursos, no resuelve por sí solo los déficits estructurales del sistema.

"Si los Tribunales de Instancia se limitan a un cambio de organización -con las consecuencias que todo cambio de ese tipo conlleva- sin refuerzo de medios, digitalización homogénea, criterios claros de reparto, servicios comunes eficaces y aumento suficiente de planta judicial cuando sea necesario, el impacto sobre la efectividad del sistema puede ser limitado e incluso contraproducente", destaca. EFE