Madrid, 3 oct (EFE).- El Tribunal de Instancia de Arganda del Rey (Madrid) ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones contra la directora de una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid, investigada tras las denuncias de varias usuarias y trabajadoras del centro por presuntas deficiencias de funcionamiento, malos tratos y vejaciones.
Se trata de la casa de acogida número 4 de Madrid, dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y gestionada por la empresa Trama.
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En un auto de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arganda del Rey, plaza número 1, fechado el 23 de agosto de 2026, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado David Pérez García-Patrón considera que "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa", ordenando el archivo provisional de las actuaciones.
El procedimiento judicial se inició por unas diligencias de la Fiscalía que fueron archivadas al no apreciar infracción penal, pero, tras recabarse nuevos testimonios a través de una asociación de usuarias, el Ministerio Fiscal remitió denuncia al Juzgado.
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En este proceso, han prestado declaración varias de las mujeres inicialmente perjudicadas, así como testigos (antiguas trabajadoras del centro) y la propia investigada.
"Más allá de hechos que, en cualquier caso estarían dentro del ámbito administrativo (como disconformidad con el modo de organizar dirigir y coordinar el centro de acogida, sanciones o prohibiciones), no existe indicio de delito", señala el juez.
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Según la resolución, entre las acusaciones constaba la prohibición de trasladar a un menor accidentado a un hospital, pero el menor "fue trasladado el mismo día a varios hospitales distintos", mientras que los "registros" denunciados son "supervisiones de las habitaciones obligatorias por los protocolos establecidos".
Respecto a los delitos de injurias denunciados por algunas partes, el juez aclara que "sería precisa la correspondiente querella con los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)", archivando la causa sin perjuicio de eventuales acciones civiles.
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Las denunciantes relataron que en este recurso público, conocido en la red como 'Guantánamo', vivieron bajo "un régimen carcelario", marcado "por el control excesivo" de aspectos fundamentales de su vida cotidiana, y sufrieron "vejaciones y motes racistas", ya que algunas mujeres extranjeras eran llamadas "la pena mora" o "el lamento boliviano". EFE
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