El Senado rechaza mostrar un respaldo a la instrucción de 2022 sobre la ley de nietos

Madrid, 30 sep (EFE).- La mayoría absoluta del PP en el Senado ha impedido que salga adelante este miércoles una moción del PSOE para mostrar un respaldo parlamentario a la instrucción del Ministerio de Justicia en 2022 que indicaba a consulados y registros civiles que los descendientes de exiliados entre 1936 y 1955 no requerían documentación adicional para demostrar la persecución política.

Han votado en contra de la moción 141 senadores, de PP, Vox y UPN, que han hecho insuficiente el apoyo de 104 síes, del PSOE, PNV, ERC, Bildu y otros partidos, y siete abstenciones, de Junts y CC, entre otros.

En la misma sesión plenaria, en cambio, ha sido aprobada una moción del PP también referida a la instrucción de 2022 sobre la conocida como 'ley de nietos', que es la parte de la Ley de Memoria Democrática que concede la nacionalidad a descendientes de exiliados, pero en este caso la moción es para recomendar al Gobierno que revise la instrucción.

En el debate de la moción socialista, la que no se ha aprobado, el senador gallego del PSOE César Mogo ha lamentado que el PP haya promovido en el Tribunal Supremo suprimir el sufragio de cientos de miles de españoles, para concluir: "Allí donde hay un derecho ganado, ahí está el PP para convertirlo en un problema".

Ha considerado que el PP se ha puesto en "modo 'trumpista'" con un "bulo" en el que "acusan a los funcionarios consulares de participar en actos delictivos", tratan a algunos españoles "como si fueran de segunda" e instauran "un sufragio censitario".

Mogo ha retado al PP a emprender una reforma del Código Civil si quieren quitar el derecho al voto a algunos españoles, en vez de "engañar" como ahora, porque "el fraude no está en que la gente vote, sino en el pucherazo de impedírselo".

El mismo argumento de retar a traer a las Cortes una propuesta de ley lo ha empleado en la réplica el senador asturiano del PP Pablo González Menéndez, pero en sentido contrario, pues ha dicho a los socialistas que la instrucción de 2022 tendrían que convertirla en una iniciativa parlamentaria, porque desvirtúa la Ley de Memoria Democrática.

Y esto porque consideraba que todos los que se expatriaron entre 1936 y 1955 eran exiliados, cuando, a su juicio, pudo haber en esos años algunos emigrantes; es decir, que se fueran por motivos económicos o porque quisieran, sin causa política, sindical religiosa o de orientación sexual.

A la instrucción la ha llamado "'sofíapuentazo'" dado que fue firmada por Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en 2022 y hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha dicho que con esa norma el Gobierno "metió la mano en el censo electoral".

Más allá incluso en la acusación ha ido UPN, cuya senadora en el debate ha dicho que la instrucción seguía "una estrategia de inventarse votantes", y Vox, al definirla su representante como "vender barato ser español" e "instrumento de ingeniería electoral".

Desde el PNV han lamentado la "politización de la Justicia tras la judicialización de la política", mientras que ERC ha recordado que el PP arremete contra la norma, pero no la ha impugnado. EFE