¿Qué medidas impulsan las comunidades para paliar los desahucios?

Madrid, 24 sep (EFE).- El desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años expulsada de la vivienda de renta antigua en la que vivió durante siete décadas en Madrid, no es un episodio aislado. Su caso evidencia la vulnerabilidad de miles de hogares en muchas ciudades españolas, mientras las comunidades autónomas impulsan —con alcance desigual— distintas medidas para intentar paliar la situación.

La diversidad de respuestas autonómicas muestra que no existe una única fórmula. Algunas comunidades centran sus políticas en ayudas directas al alquiler; otras refuerzan la mediación hipotecaria o con los propietarios, amplían su parque público, conservan indefinidamente la protección de las viviendas protegidas (VPO) o habilitan alojamientos de emergencia.

Sin embargo, el caso de Maricarmen pone de manifiesto el límite de estas herramientas cuando llegan tarde o no se traducen en una alternativa residencial estable.

A continuación, algunos casos y medidas adoptadas por comunidades autónomas que han recopilado las delegaciones de la Agencia EFE.

Asturias apoya su política en el parque público de alquiler de Vipasa (Viviendas del Principado de Asturias). El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, asegura que las familias vulnerables pueden mantener su vivienda pública si hay una "colaboración mínima" por su parte cuando existe una situación de impago.

El modelo ha sido cuestionado tras el desahucio de una mujer y su hija menor de un piso de Vipasa, denunciado por el Sindicato de Inquilinas. La empresa pública sostiene que la vivienda, adjudicada en 2019 por emergencia social con una renta de 67 euros mensuales más la cuota de comunidad, acumulaba desde 2021 impagos voluntarios pese a la intervención social y a varios intentos de acuerdo.

El parque público asturiano suma 10.370 viviendas, todas destinadas al alquiler. El Principado ha licitado o adjudicado 600 viviendas durante la legislatura, prevé sacar otras 800 y aspira a alcanzar 15.000 inmuebles públicos en un horizonte de diez años.

En Palma, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca ha llevado este jueves al pleno municipal el caso de Pilar, una mujer de 65 años con incapacidad laboral que fue desahuciada hace unos meses tras la compra de su edificio por un fondo de inversión y la rescisión de su alquiler.

Con una prestación de 480 euros, no ha podido acceder ni a una habitación y, según la plataforma, vive en un coche pese a necesitar condiciones higiénicas adecuadas por sus problemas de salud. El Ayuntamiento le ofrece una plaza de albergue por dos meses, una respuesta que la PAH considera insuficiente.

La respuesta del Gobierno regional para hogares vulnerables se centra en el parque público y en las ayudas al pago del alquiler.

Las personas interesadas deben inscribirse como demandantes de vivienda pública. Una comisión, con intervención de trabajadoras sociales, evalúa su situación económica y social y asigna los inmuebles disponibles, según el nivel de necesidad.

Además, el Ejecutivo puede subvencionar hasta el 100 % de la renta de alquiler, en función de las circunstancias del hogar. Para recibir esta ayuda es imprescindible que la persona tenga un contrato de arrendamiento en vigor.

Los servicios sociales municipales son la principal vía de atención para las familias que pueden perder su vivienda. Analizan cada caso y pueden orientar hacia ayudas de emergencia, alojamientos temporales u otras soluciones de habitabilidad.

La región afirma haber reducido los lanzamientos un 73,2 % desde 2013 (de 2.762 a 740 en 2025). Según el Gobierno regional, las oficinas de intermediación hipotecaria han atendido a más de 2.500 familias, más del 80 % mantuvo su vivienda, con 1.865 acuerdos y más de 300 desahucios evitados.

El Ejecutivo prepara además una ley para transformar inmuebles públicos en alquiler asequible. El plan incluye más de 120 apartamentos para jóvenes en Ciudad Real y otro proyecto en el antiguo hospital Virgen de la Luz de Cuenca, además de una inversión anunciada de 500 millones de euros en cuatro años para construir 2.500 viviendas, rehabilitar y reforzar ayudas.

La presión inmobiliaria está detrás de muchos desahucios llevados a cabo en los últimos años en Cataluña, a los que entidades que trabajan por el derecho a la vivienda intentan hacer frente con protestas ante los domicilios de las personas afectadas, sobre todo si son vulnerables.

El caso de Olga, una mujer de 54 años que se suicidó el 7 de septiembre tras haber sido desahuciada meses antes en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), reabrió el debate sobre la actuación de administraciones y juzgados ante situaciones de extrema fragilidad.

En Barcelona, el último desalojo de una persona vulnerable afectó este lunes a una mujer con una discapacidad reconocida del 36 % en la calle Sardenya, según el Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos), que subraya que el propietario de todo el bloque controla la totalidad del edificio, conr 24 viviendas y dos locales.

La movilización vecinal ha logrado aplazar algunos casos y la Sindicatura de Greuges (similar al Defensor del Pueblo) media en conflictos como el del Bloc Papallona, en el Eixample.

La Generalitat ha anunciado expedientes contra empresas que transforman edificios residenciales en 'colivings' y, cuando no se puede evitar la pérdida de la vivienda, activa junto a los ayuntamientos recursos de emergencia y alternativas residenciales.

Galicia regula sus políticas de vivienda a través de la Ley 8/2012, que entre sus medidas tiene el Bono de Alquiler Social, dirigido a personas desahuciadas, víctimas de violencia machista, personas sin hogar y otros hogares vulnerables.

La ayuda puede cubrir hasta el 100 % de la renta, con un máximo mensual de 660 euros en las grandes ciudades gallegas, 600 euros en municipios medianos y 510 euros en el resto.

También está en vigor un programa de apoyo a personas en riesgo de desahucio para el periodo 2021-2027, que ofrece orientación ante impagos, asesoramiento económico y mediación con entidades bancarias. La comunidad recurre además a colegios de abogados para facilitar asistencia jurídica gratuita y protocolos de intermediación ante casos de especial vulnerabilidad.

En Murcia, la ley autonómica de vivienda prevé mecanismos de protección ante desahucios, pero no se han puesto en marcha porque desde su aprobación en 2015 y tras varias reformas no han llegado a desarrollarse los reglamentos necesarios para ello.

Uno de los organismos que estableció la ley de 2015, el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, tiene sobre el papel entre sus funciones buscar alternativas al desahucio y paliar sus consecuencias mediante el alquiler social.

La comunidad ha registrado varios desalojos recientes de hogares vulnerables. En abril de 2026, una familia de cuatro integrantes fue desahuciada en El Palmar después de 14 años de alquiler.

La movilización social sí ha logrado frenar otros casos: la PAH paralizó hace unos días el tercer intento para desahuciar a una mujer de Alcantarilla en el que ha mediado la Delegación del Gobierno para que la Sareb transfiera alguna propiedad a Casa 47 y ofrecerle un alquiler social. En noviembre de 2025 frenó el desalojo de Maryam, una mujer nigeriana de 63 años, casi invidente y con escasos recursos, en el barrio murciano de La Fama.

En Beniel se suspendió en febrero de 2026 el desahucio de una familia con unos 7.000 euros de deuda de alquiler y dos personas con discapacidad en el hogar, una de ellas amputada. El próximo lunes está previsto en Nonduermas el desahucio de una familia con cuatro hijos.

Navarra

En Navarra, la preocupación se concentra en unas 500 viviendas que perdieron la calificación de protección oficial y cuyos alquileres están ligados al fondo Testa Residencial. Los vecinos de varias promociones denuncian que la falta de renovación de los contratos puede desembocar en procedimientos de desahucio.

Los vencimientos se distribuyen entre 2027 y 2030, aunque la mayoría de los contratos finalizan en 2028 y 2029. Los afectados llevan meses movilizándose ante la posibilidad de que las viviendas abandonen el circuito de alquiler asequible.

El Parlamento navarro aprobó en junio una reforma para extender de forma indefinida la protección de las viviendas de protección oficial en alquiler. La modificación busca impedir su venta y conservar estos inmuebles dentro del parque protegido. EFE