La Secretaría de Estado del Ministerio del Interior y los sindicatos representativos han avanzado en la negociación abierta para mejorar el cálculo de las pensiones de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que se encuentra ya en su "recta final".
En un comunicado, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han valorado que la negociación avance a "buen ritmo" al aceptar Interior novedades de "gran calado".
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En concreto, se refieren a la mejora de la jubilación para el grupo C1, llegando aproximadamente a los 39.000 euros, y el grupo A2, que alcanzaría la pensión máxima tanto para el Régimen General de Seguridad Social como para Clases Pasivas.
Los sindicatos han acogido con satisfacción que desde la Secretaría de Estado de Seguridad se haya propuesto una nueva metodología de cálculo. "La pensión deja de calcularse sobre una base congelada en el pasado y pasa a reflejar la evolución real de los salarios", han indicado.
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De esta forma, desde Interior se ha propuesto extender a guardias civiles y policías nacionales integrados en el régimen general de la Seguridad Social el modelo que ya disfrutan los policías locales desde el Real Decreto 1449/2018.
Como ejemplo, SUP y AUGC señalan que un agente con 25 años de servicio podría jubilarse cinco años antes de la edad ordinaria. "Con 37 años cotizados, el adelanto podría alcanzar los seis años", han apuntado.
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JUPOL Y JUCIL EVITAN EL "TRIUNFALISMO"
Desde Jupol y Jucil también han reaccionado a la propuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad, pero en este caso para recordar que su exigencia pasa por "elevar a 39.000 euros la pensión anual de jubilación de los policías nacionales y guardias civiles del grupo C1".
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En este sentido, estas dos organizaciones policiales han pedido huir del "triunfalismo" y han avisado de que van a "luchar hasta las últimas consecuencias para conseguir una jubilación digna".
El sindicato UFP es otro de los que ha valorado "favorablemente" la propuesta de la administración, aunque aún la consideran insuficiente para fijar el haber regulador "a un mínimo de 39.000 euros anuales". "Hay avance pero todavía no hay acuerdo", ha apostillado.
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