Ejecutan el desalojo de Maricarmen de 87 años y discapacidad entre cargas policiales

Madrid, 23 sep (EFE).- La comisión judicial ha ejecutado este miércoles el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que residía desde hace siete décadas en una vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda de Madrid, después de que activistas intentaran impedirlo y fueran desalojados por la Policía Nacional.

Tras un dispositivo policial que se ha prolongado durante más de siete horas, la anciana octogenaria ha sido desalojada a la una de la tarde y ha salido a la calle en camilla, camino del hospital Gregorio Marañón para revisar su estado de salud.

'Maricarmen se queda', 'Esta señora podría ser tu abuela', 'No nos vamos, nos quedamos' o 'Vergüenza me daría ser policía' han sido las consignas proclamadas por los activistas -algunos de ellos acampados desde la noche- que trataban de impedir el alzamiento y el avance policial que, según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, eran más de 200 antidisturbios y han empleado gas pimienta, y han expulsado a la prensa.

Los agentes, que según la Delegación del Gobierno actuaban en cumplimiento de las órdenes del juzgado, han conseguido abrir el portal del edificio y han comenzado a sacar a los activistas que se encontraban en el interior, después de haber desalojado a quienes permanecían sentados en la calle frente al acceso al inmueble.

La intervención judicial pone fin a un litigio que arrancó en 2018, cuando el edificio donde se ubica el piso —regulado originalmente bajo un contrato de "renta antigua"— fue vendido a la inmobiliaria Renta Corporación y posteriormente transferido a la socimi Urbagestión Desarrollo e Inversión SL.

La propiedad exigía a la inquilina un alquiler mensual de 1.650 euros, una cantidad que, pese a ser inferior a los 2.650 euros por los que alquilan otros pisos del mismo edificio, resultaban inasumibles para Maricarmen, que, según allegados, tiene unos ingresos que se limitan a una pensión de 1.450 euros.

A las puertas del inmueble, la abogada de la anciana, Beatriz Duro, ha explicado que la propiedad rechazó tajantemente todas las alternativas planteadas para negociar un acuerdo o postergar la fecha de lanzamiento, al menos quince días para poder recoger sus pertenencias.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de tender una “alfombra roja” a los fondos especulativos para que “campen a sus anchas” por la región y ha instado a la derecha a sentirse interpelada por la situación.

En respuesta, el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que la Comunidad de Madrid ofreció a Maricarmen una plaza pública en una residencia de mayores y que trabajó de forma conjunta con el Ayuntamiento madrileño, que también planteó alternativas habitacionales que, según ha asegurado, fueron rechazadas.

García Martín ha rechazado las críticas del Ministerio de Vivienda y ha acusado a sus responsables de “cachondearse” de la situación y de no haber tomado medidas efectivas en materia de acceso a la vivienda.

El líder del PSOE madrileño y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha atribuido el desahucio al Gobierno “neoliberal” e “inhumano” de Díaz Ayuso, mientras que la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha advertido de que el caso supondrá “un punto de inflexión” para expulsar a los fondos de inversión de España.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha responsabilizado igualmente del desahucio al PP y al Gobierno central, al considerar que este “podía haberlo parado”, mientras que el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha instado a la parte socialista del Gobierno a aprobar una nueva moratoria de los desahucios en el próximo Consejo de Ministros.

“Hoy se ha consumado lo que no esperábamos, lo innombrable, lo ilegítimo. Maricarmen solo quería morirse en su casa”, ha denunciado el Sindicato de Inquilinos.

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha señalado que este lanzamiento "puede que sea legal", sin embargo para ella "no es legítimo". "Algo estamos haciendo mal como sociedad cuando no somos capaces de parar un desahucio de esta naturaleza".

Y la titular de Ciencia y Universidades, Diana Morant, considera necesario intervenir el mercado de la vivienda y a topar los precios, y ha asegurado que el Gobierno ha demostrado que está del lado de los ciudadanos en este problema.

Las movilizaciones continuarán esta tarde con una concentración convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid a las 19:00 horas frente al ático situado en el número 35 de la calle del General Martínez Campos, adquirido por la empresa Planifica Madrid de la Comunidad de Madrid por más de seis millones de euros. EFE

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