Madrid, 17 sep (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que las advertencias de los propios desarrolladores sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA) "dan la razón" al Gobierno español en su defensa de una regulación.
López ha sostenido este jueves, en una entrevista en la Cadena Ser, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el primero en reclamar una "regulación", lo cual es distinto de una "ralentización".
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Ha admitido que en las advertencias de los desarrolladores puede haber "seguramente" una parte de "marketing", especialmente cuando aseguran que la IA podría acceder por puertas traseras a todo el sistema financiero internacional, pero ha considerado "evidente" que se trata de la primera tecnología de la historia capaz de desarrollarse por sí misma.
A su juicio, la respuesta no debe ser ralentizar el desarrollo de la IA, sino "regularlo", como se hizo con los automóviles.
Las normas de seguridad, ha argumentado, no perjudicaron a esa industria, sino que contribuyeron a crear un mundo más seguro.
El ministro ha advertido de que existe una carrera entre Estados Unidos y China, con dos modelos basados en competir sin frenos.
En este sentido, ha recordado que el presidente estadounidense, Donald Trump, llegó a corregir a los expertos en IA que pedían no seguir desarrollándola sin control, mientras que ahora son esos mismos especialistas quienes alertan de que la tecnología se les está yendo de las manos.
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López también ha reivindicado las medidas adoptadas por España, entre las que ha citado la aprobación de la que ha calificado como "la primera ley del mundo sobre IA", que fue el reglamento europeo de IA, la modificación de la legislación para prohibir los ultrafalsos o "deepfakes", la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y de la Carta de Derechos Digitales, así como la defensa en Europa de cambios legislativos en esta materia.
Preguntado por si existen garantías de que la Administración sea impermeable a los ciberataques, ha admitido que el "riesgo cero no existe", aunque ha asegurado que el Gobierno está adoptando medidas, entre ellas la aprobación, el año pasado, de un plan extraordinario de ciberseguridad dotado con 1.100 millones de euros. EFE
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