El registro de grupos de interés recibe más de 250 solicitudes de inscripción

Madrid, 14 sep (EFE).- El registro estatal de grupos de interés ha recibido más de 250 solicitudes de inscripción de diferentes 'lobbies' tras la aprobación por parte del Gobierno del decreto que la hace obligatoria, según datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

La inscripción en este registro es necesaria para que los ‘lobbies’ puedan continuar ejerciendo actividades de influencia ante el sector público estatal.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de agosto un real decreto ley para crear un registro "estatal, público y obligatorio" de los grupos de interés, medida incluida en el proyecto de ley de 'lobbies' que envió hace más de año y medio al Congreso y que estaba bloqueado por falta de apoyos parlamentarios.

El decreto tenía que ser convalidado en un plazo de 30 días y este miércoles llega al Congreso para su debate y votación, sin que tenga asegurados los votos para su aprobación.

El registro tiene carácter público, gratuito y electrónico, y constituye "una herramienta destinada a reforzar la transparencia" sobre las actividades de influencia desarrolladas ante las instituciones públicas, señala el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en un comunicado.

El Consejo resolverá las solicitudes en un plazo máximo de tres meses desde su presentación, aunque la misma produce efectos de inscripción desde el mismo momento en que se registran, permitiendo el ejercicio de la actividad de influencia.

La normativa aprobada por el Gobierno establece que, antes de mantener contactos o desarrollar actividades conjuntas con grupos de interés, el personal y/o cargo público debe comprobar que dichas entidades han solicitado su inscripción en el registro.

Establece una excepción que permite mantener contactos con grupos de interés que todavía no hayan solicitado su inscripción, siempre que sus representantes formalicen por escrito el compromiso de presentar dicha solicitud en el plazo máximo de tres días hábiles.

El decreto aprobado por el Ejecutivo ha sido rechazado por la CEOE porque obliga a la patronal a inscribirse en el citado registro y a proporcionar una serie de información para poder reunirse con cualquier representante de la administración.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, anunció la pasada semana que no volverá a hablar con el Gobierno hasta que se someta a convalidación en el Congreso el decreto.

También se han mostrado en contra los sindicatos UGT y CCOO, que han pedido a los grupos parlamentarios que no convaliden el decreto y que se vuelva a presentar la iniciativa como proyecto de ley para su tramitación en el Congreso.

Ambos sindicatos consideran que equipararles con el papel que puedan desarrollar los diferentes grupos de interés supone "vulnerar su papel constitucional" como agentes sociales.

Los profesionales de relaciones institucionales y de las actividades de los grupos de interés han pedido por su parte a las fuerzas políticas del Congreso que convaliden el decreto que incluye, señalan, buena parte de sus demandas aunque no compartan la fórmula elegida por el Gobierno para la regulación. EFE