
El juicio contra cuatro policías nacionales acusados de lesionar a Roger Español, que perdió la visión de un ojo por el impacto de una pelota de goma durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, empezará el próximo miércoles, 16 de septiembre, en la Audiencia Provincial de Barcelona.
El único juicio contra policías por el 1-O se celebrará en 4 sesiones, coincidiendo la última de ellas con el noveno aniversario de estos hechos, fecha en la que está prevista una movilización en apoyo de Español en el Arc de Triomf de Barcelona.
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Los acusados se enfrentan a penas de hasta 13 años de cárcel e inhabilitación, a petición de Òmnium Cultural, que ejerce la acusación popular junto a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) e Irídia --esta última con la doble condición de acusación particular y popular--, que reclaman, respectivamente, 12 años de prisión e inhabilitación, según los escritos consultados por Europa Press.
PELIGRO PARA LOS FUNCIONARIOS
La Fiscalía, que pide la absolución, sostiene que la Policía Nacional tenía permitido el uso de pelotas de goma como medio antidisturbios y que la actuación estuvo amparada por el cumplimiento de un deber.
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Relata que, tras una intervención en el CEIP Ramon Llull de Barcelona, habilitado como punto de votación para el referéndum, los agentes abandonaron el lugar con las urnas incautadas y avanzaron con los furgones hasta la confluencia de las calles Sardenya y Diputació, donde un grupo de personas les cortó el paso.
Durante esa "situación de bloqueo", que según la Fiscalía se alargó entre 30 y 45 minutos, entre 600 y 800 personas hicieron una sentada alrededor de los 40 policías que se quedaron en ese tramo de la calle, por lo que uno de los procesados --el inspector--, pidió por megafonía que despejaran la calzada, sin lograrlo.
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También se dirigió a un bombero que hacía labores de mediación, que le comunicó que los ciudadanos no iban a moverse, mientras que otro procesado --un subinspector--, habló con la prensa para intentar conseguir que la gente se levantase, también sin conseguirlo.
Los agentes comenzaron a cargar, mientras los manifestantes arrojaban "contra la línea policial, que trataba de retroceder, objetos susceptibles de generar un grave peligro para la vida e integridad de los funcionarios", como vallas, adoquines y otros elementos.
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Fue entonces cuando el inspector procesado ordenó el uso de salvas, sin lograr el objetivo de dispersar a la masa por lo que, habiendo "agotado el uso de medios menos lesivos" y transcurridos entre 30 y 45 minutos, dio la orden de usar pelotas de goma, de forma que una decena de escopeteros comenzaron a disparar hacia la zona desde la que les estaban realizando los lanzamientos.
Entre los centenares de ciudadanos allí congregados se encontraba Español, que según la Fiscalía realizó "múltiples acometimientos" contra los agentes, incluidos varios lanzamientos de vallas, y que recibió el impacto de una pelota de goma a unos 14,12 metros tras rebotar contra el asfalto.
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ACCIÓN "DELIBERADA"
En el otro extremo, Òmnium remarca que la sentada se produjo como protesta por la actuación policial en la escuela Ramon Llull y en el resto de centros de votación, en el que los policías "habían desplegado violencia hacia las personas que estaban votando de forma pacífica".
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Sobre los requerimientos para que los allí congregados se dispersaran, alegan que el mensaje "no llegó a todas las personas debido al ruido ambiental y al movimiento" de quienes iban llegando progresivamente.
Aseguran que los policías usaron las porras "de forma antirreglamentaria" contra gente que no estaba ejerciendo violencia" y que esta acción generó una estampida, quedando el cruce entre Sardenya y Diputació despejado, de forma que las furgonetas policiales sí pudieron avanzar hacia Gran Via.
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En respuesta a los golpes de porra, algunos manifestantes lanzaron objetos contra los agentes, una situación que, según Òmnium, duró unos segundos y que no entrañaba peligro, pero aun así el inspector autorizó el uso de pelotas de goma contraviniendo tanto el principio de progresión de medios como el supuesto habilitante que autoriza su uso, lanzando un total de 17 balas y 48 salvas.
Señala que el escopetero que lesionó a Español, que en ese momento se encontraba junto a un grupo de periodistas y sin cometer ningún acto violento, lo reconoció por su visible pelo blanco y como uno de los manifestantes que había confrontado a la policía, y que disparó hasta en 3 ocasiones, la última de ellas a una distancia antirreglamentaria de 14,2 metros.
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Òmnium asegura que actuó de forma "reiterada y deliberada para represaliar a Roger Español por haber confrontado a un agente policial, queriendo herirlo o, al menos, conociendo la alta probabilidad de causarle una lesión de gravedad" como la que sufrió y de la que no se pudo proteger.
Acusa al inspector jefe, dos subinspectores y el agente escopetero como presuntos coautores de un delito de lesiones con pérdida de un órgano principal, en concurso con un delito de tortura o, subsidiariamente, en concurso con un delito contra la integridad moral y con la agravante de prevalencia del carácter público, por los que reclama 13 años de cárcel.
DAÑOS
La ANC, que solicita para todos los acusados penas de 12 años de prisión e inhabilitación por un delito de lesiones graves y torturas, añade que los policías eran "plenamente conscientes de la alta probabilidad de causar lesiones de gravedad" si disparaban pelotas de goma, debido a la proximidad de los manifestantes, y que aun así no revirtieron la orden.
Sostiene que actuaron prevaliéndose de su condición de funcionarios públicos, actuando entre un numeroso grupo de otros policías y proveídos de equipamiento policial, frente a ciudadanos desarmados y en una situación que "no era de peligro".
Sostienen que el escopetero disparó contra Español dos veces antes sin conseguir alcanzarlo, siendo la tercera la que le causó la lesión ocular, y que pese a poder ver perfectamente que le había impactado en el rostro y la caída de este al suelo, los agentes "siguieron disparando contra las personas que lo estaban socorriendo".
Además de las secuelas físicas, afirman que Español sufrió un daño psicológico que ha tenido un impacto en sus relaciones personales, así como en su desarrollo profesional, puesto que a raíz de estos hechos se ha visto obligado a abandonar su proyecto de dedicarse a la música, lo que a su vez ha desembocado en un pérdida de poder adquisitivo.
Irídia, que pide 9 años de prisión para cada uno de los acusados como presuntos autores de un delito de lesiones con pérdida de órgano y 4 más por un presunto delito de torturas, añade que la actuación del escopetero estuvo motivada por una "obstinada voluntad de causar daño y dolor" a Español.
Aseguran que el policía que disparó lo hizo como castigo por la participación de Español en la protesta y por un enfrentamiento previo que mantuvo con los agentes, a los que recriminó que lo hubiesen empujado.
Así, subraya que el escopetero, de común acuerdo con el inspector y el subinspector, le disparó a sabiendas de que esto suponía una alta lesividad, pese a que en ese momento Español tenía las manos levantadas y a no se daban las circunstancias para la utilización de las pelotas de goma.
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