Madrid, 17 ago (EFE).- La Audiencia Nacional ha concedido la libertad condicional por motivos de salud al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador Inocente Montano, condenado en 2020 a 133 años por los asesinatos de cinco jesuitas españoles en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría.
Seis años después de aquella condena, que más tarde ratificó el Tribunal Supremo en una sentencia en la que calificó los hechos de "crimen de Estado", el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional le ha concedido la libertad condicional anticipada por enfermedad a propuesta de la cárcel de Estremera (Madrid).
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Montano, de 84 años y con un "declive cognitivo elevado", quedará sujeto al cuidado y vigilancia de la ONG Basida, en Aranjuez, que ha aceptado su custodia, según el auto, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso EFE.
El juez considera que la "enfermedad irreversible" que padece, con constantes salidas al hospital, y su avanzada edad "hace necesario atender a la libertad condicional".
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La resolución invoca los "principios de humanidad y dignidad de las personas como derecho inviolable" y subraya que "lo importante es constatar que el medio penitenciario no es el adecuado para el seguimiento y control de la enfermedad.
Tras afirmar que "en el momento actual la pena ha perdido la finalidad de reinserción", el juez acuerda que los servicios sociales penitenciarios atiendan la situación sanitaria del condenado e informen de ella cada seis meses, y que también se informe al médico forense sobre la evolución de su enfermedad.
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Antes de adoptar su decisión, la Audiencia Nacional intentó sin éxito ponerse en contacto con familiares de las víctimas del excoronel, en virtud del Estatuto de la Víctima, si bien algunas ya habían fallecido y a otras no fue posible contactar. La Fiscalía no se opuso a la libertad condicional.
Montano fue el único dirigente militar juzgado en España por estos hechos y condenado por cinco asesinatos de carácter terrorista -los de los religiosos españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno-, perpetrados la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana y en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
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El tribunal también le consideró autor de los crímenes de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López; de la cocinera del centro, Julia Elba, y de su hija Celina Mariceth, de 15 años, si bien no se le pudo condenar por ello al no haber concedido Estados Unidos su extradición por estos hechos.
La sentencia, que llegó más de 31 años después de la matanza, estimó probado que los asesinatos fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, al que formaba parte no solo el condenado sino también el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, a quien la justicia salvadoreña se negó a entregar a España.
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Mientras, en El Salvador aún está pendiente el juicio por la autoría intelectual de la masacre, años después de que en 2024 un juzgado enviase a juicio a 11 acusados, entre los que estaba el expresidente del país Alfredo Cristiani (1989-1994).EFE
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