El plantón del Gobierno al Parlamento, un hecho ante el que solo cabe ir al Constitucional

Madrid, 13 ago (EFE).- El inusual hecho de que un miembro del Gobierno decida no atender la petición de comparecencia del Parlamento, como ha ocurrido ahora con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante el Senado, no tiene más respuesta que el recurso ante el Tribunal Constitucional además de un posible reproche moral.

Marlaska dejó el miércoles su silla vacía en la Comisión de Interior del Senado, donde estaba convocado para informar sobre la crisis migratoria en Ceuta, y la Cámara ha avisado de que tomará "las decisiones políticas y legales que sean necesarias" contra la ausencia del ministro.

Sin embargo, esas respuestas "políticas y legales" son limitadas. Como explica a sus alumnos la profesora asociada de la UNED, doctora en Derecho europeo y letrada de la Asamblea de Madrid Blanca Cid Villagrasa, el artículo 110 de la Constitución establece en su punto 1 que "las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno", pero ante una negativa" solo cabe recurrirlo ante el Tribunal Constitucional mediante recurso de amparo. 

Explica Villagrasa que la Constitución solo sanciona la no comparecencia ante las comisiones de investigación, lo que hace del "deber de presencia ministerial" ante el parlamento en el resto de convocatorias una "obligación natural desprovista de sanción y por tanto solo sometida a responsabilidad política cuyo resultado de prosperar sería la pérdida de oficio de gobernar del presidente del Gobierno a través de una moción de censura".

De hecho, esto ya ha sucedido. Como han recordado a EFE fuentes del Senado, a finales de mayo de este año el pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el conflicto que interpuso el Senado contra el Gobierno al no acudir su presidente, Pedro Sánchez, a dar explicaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), porque adujo -el mismo argumento que ahora- que las daría en el Congreso.

El Senado convocó a Sánchez para el 29 de enero, once días después del siniestro, pero ese día en la Cámara Alta las explicaciones las dio el ministro de Transportes, Óscar Puente, mientras que el presidente del Gobierno compareció sobre ese asunto el 11 de febrero en la Cámara Baja.

Incluso existe un caso en el que el Constitucional ya ha fallado a favor del Parlamento. Fue en 2018 cuando emitió una sentencia unánime inapelable que dio la razón al Congreso de los Diputados en su conflicto de atribuciones frente al Gobierno de Rajoy al determinar que este vulneró la Constitución al negarse a responder en control parlamentario.

En aquella primera resolución en un conflicto del Congreso frente al Gobierno, el Tribunal Constitucional reiteró que la obligación de comparecer de los miembros del Ejecutivo se aplica incluso aunque este -como ocurría en 2016 cuando se plantó este recurso- se encuentre en funciones.

Ahora, el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, ha acusado al Gobierno de intentar "escamotear" a la Cámara Alta su labor de control al Gobierno.

En una carta al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, para responder a su petición de que desconvocara las comparecencias de tres ministros solicitadas por la crisis migratoria de Ceuta, el presidente del Senado le ha acusado de intentar "escamotear" a la Cámara Alta su labor de control al Gobierno.

La carta fue la respuesta de Rollán a una previa de Simancas en la que no solo le solicitaba -según cita la misiva del presidente del Senado- la desconvocatoria de las comparecencias previstas", sino que añadía que "en caso de no proceder a la desconvocatoria, ante la falta de tiempo de preparación y el sinsentido de unas comparecencias duplicadas" en ambas cámaras, "los miembros del Gobierno se verán obligados a no comparecer".

Pedro Rollán también escribió a los ministros citados para advertirles de que la falta de comparecencia "sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales", podrá dar lugar a la adopción de "las medidas que procedan" por parte de los órganos de la Cámara y a "la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan". EFE