Madrid, 3 ago (EFE).- Varias asociaciones de jueces y fiscales piden que la respuesta institucional a la crisis migratoria de Ceuta se articule "sobre el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos y fundamentales", con independencia de la situación administrativa de las personas afectadas "dentro de un contexto de máxima dificultad".
El texto lo firman Juezas y Jueces para la Democracia (JJDD), Unión Progresista de Fiscales (UPF), Asociación Pro Derechos Humanos España (APDHE) y Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (Medel) en el contexto de la grave crisis iniciada el pasado jueves 30 de julio.
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Fuentes de las fuerzas de seguridad del Estado estiman en 73.500 el número de migrantes que han abandonado ya la ciudad autónoma, donde se desencadenó la crisis migratoria más aguda que ha tenido que gestionar el Gobierno hasta la fecha.
Las autoridades ceutíes elevan a 88 el número de fallecidos rescatados del agua y las inmediaciones, además de los heridos y desaparecidos aún por determinar.
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En este contexto, distintas organizaciones del ámbito jurídico han formulado este lunes en un comunicado una petición de respeto al Estado de derecho y los derechos humanos y fundamentales.
Reconocen el control de las fronteras como competencia legítima del Estado y su obligación de "garantizar la seguridad" y de cumplir con la legalidad, una potestad que -subrayan- "debe ejercerse siempre dentro del marco constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos".
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"Ninguna finalidad, por legítima que sea, puede anteponerse al respeto a la vida y a la dignidad de las persona", recalcan.
Solicitan así que las instituciones democráticas "reafirmen su compromiso con la legalidad y la proporcionalidad" ante situaciones como la de una especial presión migratoria, "cualquiera que sea el origen o la situación administrativa de las personas afectadas".
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El comunicado alerta sobre la posibilidad de que estos acontecimientos se conviertan en un pretexto para alimentar discursos de odio, comportamientos xenófobos o llamamientos a la persecución de las personas migrantes que aún permanecen en la ciudad.
Las asociaciones apuntan a la "necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada en el ámbito de la Unión Europea", con el objetivo de compatibilizar la firmeza del control fronterizo con la protección de los derechos fundamentales, a fin de "evitar que una tragedia humana se transforme en un motivo de fractura social". EFE.
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