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ONG piden al Gobierno que se respeten los derechos y la dignidad de los migrantes en Ceuta

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Madrid, 31 jul (EFE).- Varias organizaciones que trabajan para proteger a los migrantes y a los menores han pedido que la legalidad, la dignidad y el respeto a los derechos humanos sean las directrices en el trato a las miles de personas que han entrado de forma irregular en Ceuta en las últimas horas, y han apuntado al fracaso de las políticas migratorias.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Amnistía Internacional, Accem, Oxfam Intermón, la Fundación Raíces y la Plataforma de Infancia han sido algunas de las entidades que se han pronunciado sobre la situación en Ceuta, donde desde la madrugada del jueves han entrado unos 50.000 migrantes, de los que más de 48.000 ya han retornado.

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El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de Ceuta asciende a 57, según el último recuento de Interior.

CEAR ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad política y social" para evitar los discursos de odio y dar una respuesta "ejemplar" que esté "basada en los derechos humanos", y ha pedido que se atienda a todas las personas llegadas en condiciones de dignidad y se garanticen sus derechos conforme a la normativa internacional y europea.

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Destaca que muchas han solicitado asilo y "pueden tener necesidades de protección que deben ser evaluadas en profundidad y de forma individualizada", por lo que es necesario agilizar los traslados a territorio peninsular ante "la situación de saturación" que se vive actualmente en la ciudad autónoma.

Subraya CEAR que entre estos migrantes hay niños y adolescentes "que requieren una protección y un trato específico".

Para la Comisión "estas situaciones que se repiten a menudo en la frontera sur española muestran una vez más el fracaso de las políticas migratorias de la Unión Europea de contención y externalización de fronteras, provocando muertes y sufrimientos innecesarios".

En la misma línea Amnistía Internacional afirma que "el eje de la respuesta" ante esta llegada masiva de migrantes debe regirse por garantizar los derechos humanos, la dignidad y la humanidad, detallando que se debe asegurar el acceso al sistema de asilo.

El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha incidido en que, en virtud del derecho internacional, "el principio de no devolución es absoluto y las expulsiones colectivas están prohibidas en todos los casos", y se deben asegurar los recursos sanitarios y sociales necesarios para atender a los migrantes.

Desde Accem se pronuncian en la misma línea y ponen de relieve que "las principales víctimas son las personas más vulnerables, en este caso, personas que necesitan buscar un futuro mejor"

Advierten además "sobre una posible utilización de los flujos migratorios como herramienta de presión y manipulación".

Oxfam Intermón ha reclamado una respuesta "inmediata y coordinada que permita atender sus necesidades humanitarias", reforzando con urgencia los medios disponibles.

La Fundación Raíces ha denunciado "la instrumentalización de los niños y niñas", ha recordado que el Tribunal Supremo determinó en 2024 que las devoluciones de menores de edad no son legales, y ha solicitado medidas como "prioridad de la protección frente al control migratorio" o garantías en los procesos de identificación.

Asimismo la Plataforma de Infancia, que cifra en 7.000 los niños y adolescentes llegados a Ceuta, ha pedido a las administraciones "que sitúen la protección de la infancia en el centro de todas las actuaciones y garanticen plenamente sus derechos teniendo en cuenta el interés superior del niño".

Por su parte el director de la ONG Open Arms, Óscar Camps, ha afirmado que esta situación deriva de que "Europa decidió que era más cómodo pagar a terceros países para que retuvieran la migración", pagando "millones" a países como Marruecos, Turquía o Libia; y cuando estos territorios quieren más dinero o apoyo "utilizan la migración como herramienta de presión" y "empujan deliberadamente a personas vulnerables hacia rutas cada vez más peligrosas".

Por su parte el colectivo Regularización Ya ha sostenido que "Marruecos obliga al Gobierno español a posicionarse sobre las necropolíticas del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y Reglamento de retorno firmado por la ultraderecha europea". EFE

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