La Laguna (Tenerife), 28 jul (EFE).- La relatora especial de Naciones Unidas Elena Díaz ha afirmado este martes que la extrema pobreza no es una cuestión de caridad sino una cuestión urgente de derechos humanos, y ha defendido la necesidad de vincular la erradicación de la pobreza en la normativa sobre derechos humanos.
Elena Díaz, que es relatora en materia de pobreza extrema y derechos humanos, ha hecho esta afirmación durante su participación en el Campus Internacional Ciudad de La Laguna con una conferencia sobre cómo la erradicación de la pobreza debe convertirse en uno de los grandes objetivos de la comunidad internacional.
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Díaz, que también es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, ha señalado que, pese a que los indicadores en España son relativamente buenos en comparación con otros estados, las cifras apuntan a que hay unos 700.000 menores en situación de pobreza.
Aunque España goza de una democracia de calidad y un Estado de derecho sólido también hay signos de desgaste, algo que por otra parte es una tendencia universal porque la democracia "está de capa caída" en el ámbito internacional y aunque "es duro", ha proseguido, hay discursos que se escudan en que puede existir seguridad sin un régimen democrático.
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El panorama global es negativo con una crisis financiera en la ONU que está amenazando el sistema universal de protección y con el aumento de las presiones políticas sobre los tribunales internacionales, ha abundado la relatora, para quien no se podrá luchar contra la pobreza sin una auténtica democracia política y social.
Al respecto, ha señalado que la democracia peligra si la población no tiene acceso a la salud y la educación y ha aludido a la triple vinculación entre democracia, protección de los derechos humanos y erradicación de la pobreza.
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Este último concepto debe ser el primer objetivo de la comunidad internacional puesto que la pobreza sigue siendo el mayor problema al que se enfrenta el mundo, ha advertido Elena Díaz, quien ha lamentado que, sin embargo, no es posible por ahora articular una norma que imponga la obligación de erradicar la pobreza.
Y aunque se han producido avances no se concibe la pobreza como un ámbito específico del derecho internacional ni un apartado de los derechos humanos, sino que se la afronta desde el punto de vista de las políticas de desarrollo, ha precisado.
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Pero bajo su punto de vista los estados tienen la obligación jurídica de hacer efectivos los derechos humanos para todos dando prioridad a los más vulnerables y, entre ellos, a las personas en situación de pobreza extrema.
Lo que ocurre, ha insistido, es que las normas actuales en materia de derechos humanos no están orientadas al reconocimiento de derechos y obligaciones en materia de pobreza y por ello las personas en esta situación no están en el foco de atención, lo que a su juicio es peligroso.
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"Encajar esta interacción entre pobreza y derechos humanos es algo que deberíamos decidir en los próximos años", ha puntualizado Elena Díaz, quien ha alentado a reforzar la protección y el reconocimiento de determinados derechos sociales, entre ellos, los derechos a la alimentación, el agua, la vivienda y un nivel de vida adecuado. EFE
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