
El Tribunal Supremo ha validado la financiación pública de 1.388 millones de euros concedida a Correos por la prestación del servicio postal universal en el periodo de 2011 a 2020, tras desestimar un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la patronal logística UNO, a la que se le impone el pago de las costas.
Según una sentencia fechada el pasado 29 de junio y consultada por Europa Press, la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo ha avalado el plan que el Gobierno aprobó en junio de 2021 para establecer la metodología de cálculo de la carga financiera que soporta el operador estatal por prestar un servicio calificado como público, con efectos retroactivos a 2011.
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De esta forma, el Alto Tribunal rechaza las pretensiones de la organización empresarial demandante, al considerar plenamente ajustada a derecho la regulación de los marcos de compensación aplicados durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2020.
De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya rechazó el pasado mes de enero otros recursos presentados por UNO y Asempre, otra patronal, después de que la Comisión Europea ya validase el marco de financiación de Correos propuesto por el Gobierno en 2020.
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Correos recibe una compensación anual por prestar el Servicio Postal Universal (SPU), que incluye los envíos nacionales y transfronterizos (ordinarios y certificados) de cartas, tarjetas postales (hasta 2 kilogramos) y paquetes postales (hasta 20 kilos), servicios por los que recibe esa compensación económica.
Desde 2011 recibió cada año una cantidad provisional, al no estar aprobada la metodología de cálculo necesaria para que esa cantidad fuese definitiva. Finalmente, el Gobierno aprobó la metodología en 2021 y permitió que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es el organismo encargado de supervisar a Correos, pudiese hacer el cálculo definitivo sobre los 1.280 millones de euros que había recibido provisionalmente.
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El regulador ha calculado unas compensaciones de 164,1 millones de euros para 2011, de 108,3 millones para 2012, de 141,8 millones para 2013, de 127 millones en 2014 y de 113 millones para 2015, 148 millones en 2016, 111,7 para 2017, 119,5 para 2018, de 177,3 para 2019 y de 177 para 2020, lo que supone un total de 1.388 millones definitivos.
El nuevo plan aprobado por el Gobierno hasta 2030 duplica la asignación de recursos a Correos, al encomendarle la prestación de nuevos servicios públicos, incluyendo multitud de trámites administrativos y financieros en el ámbito rural.
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