
La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado rechazar la petición de Vox de imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la causa que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez en los juzgados de Madrid.
Así se desprende en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el tribunal acuerda confirmar la decisión del juez Arturo Zamarriego --que investiga el 'caso Leire Díez' en los juzgados de Plaza de Castilla-- de no ampliar los hechos objeto del procedimiento.
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La Audiencia de Madrid señala que, en su recurso, Vox se basó en "un único motivo" que se sustentaba "en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva".
"Entiéndase que si hubieran existido indicios de hechos con apariencia delictiva el recurrente los habría explicitado al fin de rebatir la firmeza interpretativa que imputa al juzgador", señala la Audiencia.
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Sin embargo, añade, se limita "a considerar formalista criterio del juzgador 'a quo' pero no da razón, más allá del alegato de excesivo celo y rigorismo, que ampare su pretensión y desvirtúe la decisión adoptada".
Además, señala que los hechos contenidos en la querella "se construyen sobre recortes de prensa y grabaciones difundidas, conteniendo y construyendo imputaciones sobre lo que el Ministerio Fiscal califica como vaguedades e inconcreciones".
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Dichas acusaciones "únicamente se sostiene en que todas las fuentes habrían coincidido en la participación de la directora de la Guardia Civil y que la misma habría recibido a la investigada Leire Díez".
"Por tanto, no se considera que se haya producido una restricción del 'ius ut procedatur' sino que, dicho sencillamente, estamos ante un pronunciamiento motivado sobre la calificación jurídica que al instructor le merecen los hechos, expresando las razones por las que inadmite su tramitación", concluye.
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En esta rama del 'caso Leire Díez', el juez Zamarriego investiga a Díez, al empreario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntamente buscar información comprometida de guardias civiles, fiscales y jueces a cambio de favores.
En este sentido, el juez indaga si la exmilitante socialista lideraba una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "recabar información comprometida o irregular" de instituciones estatales con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".
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