Barcelona, 23 jul (EFE).- El Estado absorbe entre el 47 y el 52 % de cada euro adicional que las empresas destinan a mejorar la retribución de sus trabajadores, a través del IRPF y las cotizaciones, mientras que el resto llega al empleado como salario neto, según Pimec.
Este es uno de los efectos que, según esta patronal catalana, se ven agravados por la no actualización de los parámetros del IRPF en un contexto de "inflación elevada", según ha analizado Pimec en un informe presentado este jueves y titulado 'Aumento de la presión fiscal por la no deflactación de las tarifas de IRPF'.
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Este fenómeno se conoce como 'fiscal drag', progresividad en frío o 'bracket creep' y se produce, dice la patronal de las pymes, cuando las rentas nominales aumentan –por ejemplo, porque los salarios suben para compensar la inflación– pero los parámetros monetarios del impuesto –como los mínimos o los tramos– continúan fijos.
Así, al ser un impuesto progresivo, si el sueldo de un trabajador aumenta pero el mínimo personal del impuesto —situado en 5.550 euros— y los tramos del IRPF –las franjas impositivas que gravan con diferentes porcentajes la renta– no aumentan acorde –invariables desde 2015–, el contribuyente paga más impuestos proporcionalmente.
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Todo ello, dice Pimec, genera una brecha "silenciosa" entre el esfuerzo retributivo de la empresa y el salario neto que percibe el trabajador, y concluye que el 'fiscal drag' ha actuado como una subida "implícita, relevante y poco visible" de la presión fiscal sobre el trabajo y sobre los autónomos.
El informe estima que la no actualización del IRPF supuso para el Estado una recaudación extra de 11.000 millones de euros solo en 2023.
Y si se amplía el foco al periodo 2021-2024, el impacto acumulado ronda los 16.800 millones, lo que explica casi la mitad del aumento recaudatorio de esos años.
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En España, el 58 % de esta subida fiscal encubierta proviene de la erosión de los beneficios fiscales –al no actualizarse los mínimos personales y familiares–, mientras que el 42 % restante se debe a la progresividad de los tramos de la tarifa.
Los trabajadores pierden entre el 2,8 y el 4 % de su salario neto real, aunque su sueldo bruto haya crecido lo mismo que la inflación, lo que en la práctica significa que sufren un 'fiscal drag' de entre 548 y 1.455 euros anuales.
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Para un trabajador de renta media –35.000 euros brutos– esta situación significa que aunque su sueldo crece un 22,1 % respecto a 2020 para igualar el IPC, los impuestos que paga se disparan un 38,7 %, de 4.563 a 6.331 euros, lo que se traduce en que abona 772 euros de más por culpa de la no deflactación.
Además, el informe advierte de que las rentas bajas son las más castigadas en proporción: en la franja de los 18.000 euros brutos, cada euro adicional de salario llega a soportar un tipo marginal efectivo próximo al 49 % de IRPF, debido a la retirada acelerada de reducciones.
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El impacto directo sobre los bolsillos provoca una paradoja: los asalariados de rentas medias llegan a perder hasta un 3 % de su salario neto real pese a que su empresa les haya subido el sueldo bruto exactamente lo mismo que la inflación.
Para lograr mantener realmente el poder adquisitivo del empleado, las empresas se ven obligadas a subir los sueldos brutos entre cuatro y once puntos por encima del IPC, lo que supone sobrecostes de entre 1.142 y 3.315 euros anuales por trabajador.
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Asimismo, Pimec alerta de que el colectivo de autónomos es uno de los más desprotegidos porque tributan con la misma tarifa y mínimos congelados, a lo que suman parámetros propios sin actualizar desde 2015 –como el tope de 2.000 euros de reducción por gastos de difícil justificación– y no tienen acceso a las mejoras diseñadas para el trabajo asalariado.
En comparación con Europa, el estudio subraya que España solo neutralizó el 29 % de su 'fiscal drag' potencial entre 2019 y 2023, el segundo porcentaje de compensación más bajo de los 21 países analizados, solo por delante de Chipre.
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Como resultado, España es el país donde el contribuyente ha soportado el mayor impacto efectivo no compensado de Europa, equivalente al 0,70 % del PIB.
Por todo ello, la patronal reclama al legislador estatal introducir un mecanismo "regular y transparente" de actualización de los parámetros del IRPF.
Si la restricción presupuestaria impide una deflactación completa de la tarifa, Pimec propone priorizar la actualización de los mínimos personales y familiares, ya que el 58 % del efecto de esta subida fiscal encubierta en España proviene de la erosión de estos beneficios fiscales y no de los tramos. EFE
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