
La Comisión Europea ha apuntado este miércoles que corresponde al Tribunal de Cuentas y a la Audiencia Nacional, en tanto que tribunales remitentes, aplicar el fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la Ley Orgánica de Amnistía (LOA); tras confirmar pero no querer comentar la recepción por sus servicios de un escrito de la defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont denunciando un incumplimiento por parte de España del Derecho comunitario.
"La Comisión tiene conocimiento de la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este asunto, de 16 de julio. Corresponde a los tribunales remitentes aplicar las sentencias del Tribunal de Justicia", ha indicado un portavoz del Ejecutivo comunitario, que ha confirmado la recepción de la carta de la defensa de Puigdemont e indicado que seguirá los procedimientos habituales para las comunicaciones recibidas, que incluyen su registro y evaluación antes de cualquier pronunciamiento.
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De este modo, el portavoz reproduce la línea marcada por el comisario de Justicia, Michael McGrath, quien en rueda de prensa el pasado viernes dijo que Bruselas "respeta y acata" los fallos del TJUE, al tiempo que recordó que hay aún dos cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía pendientes de resolución en Luxemburgo y precisó que corresponde a los tribunales nacionales que remitieron las consultas ejecutar las decisiones del Alto Tribunal europeo.
McGrath indicó entonces que desde el Ejecutivo comunitario "seguirán de cerca" la evolución de los casos y evitó así valorar el fondo de las decisiones tomadas por la Gran Sala del TJUE, ante cuyos 15 jueces el abogado de la Comisión Europea cuestionó en la vista celebrada hace un año que la norma respondiera a un objetivo de interés general.
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ESCRITO DE PUIGDEMONT, COMÍN Y PUIG
El martes, Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig remitieron un escrito a la secretaría general de la Comisión Europea a través del cual denuncian al Reino de España por el incumplimiento de la ley de amnistía tras pronunciarse la semana pasada el TJUE.
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Según el escrito avanzado por el digital 'Vilaweb' y al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, denuncia que se ha suspendido de facto el plazo para dictar la amnistía reabriendo un trámite de alegaciones que no solo considera innecesario, sino que asegura que contraviene la sentencia del TJUE.
Por ello, insta al Ejecutivo comunitario a actuar con urgencia "dada la naturaleza del incumplimiento y su incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros".
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En la denuncia Boye también recuerda que el Tribunal de Cuentas publicó una providencia este lunes en la que recogía las indicaciones de la sentencia del TJUE, pero evitaba aplicar la ley de amnistía inmediatamente, si bien también concedía 10 días a las partes.
En este sentido, el escrito de denuncia destaca que la actitud del Tribunal de Cuentas ha vulnerado el artículo 4 del tratado de la Unión sobre la cooperación leal, según el cual los estados miembros deben evitar que sus órganos tomen decisiones que pongan en peligro los objetivos de la Unión Europea y la aplicación de las sentencias dictadas por el TJUE.
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"El incumplimiento deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta", recoge la queja.
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