SOS Racismo registra 528 denuncias y sitúa la Administración como foco de discriminación

Madrid, 14 jul (EFE).- La Federación SOS Racismo ha registrado durante 2025 un total de 528 denuncias por incidentes racistas en España y la principal expresión de esa discriminación se ha producido en la relación de las personas migrantes con la Administración, sobre todo en los trámites de extranjería y nacionalidad y en el acceso a los servicios públicos.

El informe anual de la organización, elaborado a partir de los casos atendidos por sus Oficinas de Información, Atención y Denuncia, ha identificado 136 situaciones de 'racismo institucional', la categoría con mayor número de expedientes, seguida de 121 denuncias por denegación de acceso a servicios públicos, dos ámbitos que concentran prácticamente la mitad de todos los casos registrados.

Las cifras recogidas en el informe, de 92 páginas, se completan con 76 conflictos y agresiones racistas, 75 casos de racismo policial, 56 de denegación de acceso a servicios privados, 37 de discriminación laboral, cinco relacionados con la seguridad privada y cuatro, a la extrema derecha y el discurso de odio.

La organización ha atendido 840 consultas en 2025, aunque únicamente 528 han acabado en expedientes de intervención técnica, por lo que considera que las denuncias recogidas representan solo una parte del fenómeno.

Buena parte del informe gira en torno al concepto de 'racismo institucional', que SOS Racismo define como aquellas situaciones en las que la actuación de las instituciones genera un trato desigual por razón del origen, más allá de los problemas generales de funcionamiento de la Administración.

"La burocracia general es un fallo de gestión; el racismo institucional opera como una quiebra de la equidad cuando el sistema utiliza sus propios procedimientos como un mecanismo invisible de control y segregación", resume el informe cuando explica por qué incluye en esta categoría los casos relacionados con los trámites de extranjería, la obtención de la nacionalidad o determinados requisitos administrativos.

Y es que según el estudio, el 86 % de los expedientes de 'racismo institucional' corresponden precisamente a trámites de extranjería y nacionalidad, que suman 117 de los 136 casos contabilizados.

Una categoría que incluye, por ejemplo, casos de familias a las que se exigieron requisitos no previstos en la normativa para inscribir a un recién nacido o personas que vieron paralizados trámites de extranjería o nacionalidad por criterios administrativos que posteriormente fueron corregidos tras la intervención de SOS Racismo.

El informe identifica también a las entidades públicas como el principal agente discriminador al aparecer en 370 denuncias, el 70 % del total, por delante de los particulares, con 91 expedientes, y de las entidades privadas, con 50.

No obstante, la organización matiza que no debe confundirse la saturación o el mal funcionamiento general de la Administración con aquellas actuaciones en las que aprecia un trato desigual hacia las personas migrantes y de origen extranjero.

El perfil de quienes han acudido a las oficinas refleja además a un 57 % de hombres y un 41 % de mujeres, y la población que ha concentrado más denuncias ha sido la magrebí, con el 41 % del total, seguida de las personas procedentes de América del Sur, con el 33 %.

El informe incorpora este año varios artículos de análisis sobre los disturbios racistas registrados en Torre Pacheco en 2025 y los ocurridos en El Ejido en 2000, además de un estudio sobre el papel de las plataformas digitales en la difusión del discurso de odio.

Su autora, Elena Stati, sostiene que los episodios de violencia racista "no son una cuestión puntual", sino la expresión más visible de un problema que, a juicio de la organización, se manifiesta también de forma cotidiana en barreras administrativas, dificultades para acceder a derechos y situaciones de discriminación menos visibles que las agresiones, pero con consecuencias directas sobre la vida de las personas afectadas. EFE